Notas RD

Santo Domingo, RD.– Entre 2019 y 2025, los principales actores, montos, acuerdos y señalamientos vinculados a distintos procesos de corrupción en República Dominicana han sido ampliamente expuestos a través de medios tradicionales y plataformas digitales. En ese contexto, el creador de contenido y analista Rolando Espinal plantea la necesidad de examinar con mayor rigor la forma en que se aplica la justicia frente a investigaciones que involucran recursos públicos y personas vinculadas a distintos sectores de poder.

En ese contexto, Espinal toma como referencia el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez y el expediente Medusa, investigación iniciada en 2021 que incluye señalamientos sobre presuntos pagos irregulares vinculados con la construcción de la cárcel de La Nueva Victoria, por montos que superarían los US$1.9 millones.

La acusación de la Pepca contempla presuntos delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos y lavado de activos. El expediente también detalla operaciones relacionadas con trabajos de movimiento de tierra, empresas y empresarios señalados, así como presuntas comisiones por el suministro de materiales. Corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades individuales conforme a las pruebas y al debido proceso.

Espinal contrasta estos señalamientos con otros acuerdos alcanzados por el Ministerio Público, entre ellos el suscrito con Lisandro Macarrulla Martínez, que contempló la devolución de más de RD$144 millones al Estado y una pena de tres años de reclusión bajo modalidad suspendida.

En ese contexto, el análisis coloca en el centro del debate la utilización de acuerdos para combinar persecución penal y recuperación patrimonial, especialmente en investigaciones de alto impacto. Para Espinal, la lucha contra la corrupción requiere criterios transparentes y consistentes que permitan preservar la confianza ciudadana en las instituciones.

La reflexión concluye con una pregunta que trasciende el caso Medusa: ¿se aplica la justicia con el mismo rigor cuando los involucrados pertenecen a diferentes sectores de poder? Para Espinal, la respuesta debe estar vinculada a tres principios fundamentales: igualdad ante la ley, transparencia y respeto al debido proceso.

Santo Domingo, RD. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezaron este jueves la entrega del multiuso del Club Deportivo Manganagua, en el Distrito Nacional, construido a un costo de poco más de 31 millones de pesos.

La importante obra es la número 50 entregada durante la gestión de Kelvin Cruz en el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), y beneficiará a cientos de atletas de diferentes disciplinas, sexos y edades del sector Manganagua, impulsando así el desarrollo deportivo de esa comunidad.

“Hoy estoy contento de celebrar la oportunidad que Dios me da de entregar una obra como esta, que va en beneficio de los jóvenes que buscan la oportunidad de tener un espacio donde puedan realizar actividades deportivas. Ante lo que era una cancha en pésimas condiciones, hoy les entregamos una instalación moderna que servirá para distintas actividades”, dijo Cruz durante su discurso.

“Esto se logra gracias al esfuerzo del presidente Luis Abinader, quien ha realizado un gran trabajo para que los jóvenes tengan espacios dignos donde puedan desarrollarse deportivamente”, agregó.

La vicepresidenta Raquel Peña expresó su emoción por la entrega de esta importante obra a los comunitarios de Manganagua, señalando que los niños y niñas del sector serán los más beneficiados.

“Tenemos un gran compromiso con el bienestar de la niñez”, expresó Peña. “Este es un espacio que ayudará bastante a los jóvenes de este lugar, pues brinda un techo deportivo que impulsará el desarrollo de la juventud de Manganagua. Doy las gracias al ministro Kelvin Cruz por sus esfuerzos para contribuir a la realización de obras como esta”, añadió.

Además de Peña y Cruz, estuvieron presentes el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista; el vicealcalde del Distrito Nacional, Stalin Alcántara; la diputada Liz Mieses; el director del INEFI, Alberto Rodríguez, entre otras personalidades y comunitarios de la zona, así como decenas de niños deportistas.

Cruz también juramentó al voluntariado que velará por el buen estado de la obra, con el interés de que esta instalación deportiva perdure por muchos años.

El nuevo y moderno multiuso del Club Deportivo Manganagua, ubicado en la avenida Francisco Prats Ramírez, cuenta con un área aproximada de 1,110 metros cuadrados, en los que se intervinieron la zona de juego, las gradas, los baños y las áreas exteriores.

Asimismo, se realizaron trabajos preliminares de movimiento de tierra, demoliciones y hormigón armado; construcción de estructuras metálicas; pisos de hormigón armado para el área de juego; construcción de gradas y reparación de baños mixtos.

La obra también incluyó pintura general; suministro y colocación de superficie sintética suspendida en el área de juego; instalación de dos soportes con tableros profesionales certificados por FIBA; colocación de pizarra digital; instalación de parales y mallas de voleibol; construcción y reparación del muro perimetral en bloques de hormigón y malla ciclónica, así como la instalación eléctrica general.

Pedro Samuel Fernández Sánchez fue procesado por el Ministerio Público con numerosos medios de prueba que demostraron que amenazó, vigiló, persiguió e interceptó a la víctima, realizándole un disparo en el rostro, con la intención de matarla, con un arma de fuego que portaba de manera ilegal.

La agresión le provocó a la víctima secuelas psicológicas y permanentes de tipo estético por desfiguración físico-facial, conforme al peritaje médico forense realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además de la violación a los artículos 2, 295, 296, 297, 298, 302, 309-1, 309-2 y 309-3 (letras B, C y E), del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, que tipifican y sancionan la tentativa de asesinato y violencia de género agravada, la Fiscalía de Santiago acusó al procesado de la violación de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La investigación de los hechos estuvo a cargo de la fiscal Niovy Gómez, quien en su levantamiento de información verificó que el ahora condenado mantenía una constante persecución, asedio, vigilancia y amenazas contra la víctima.

El Primer Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, también condenó a Fernández Sánchez a pagar una indemnización de 2 millones de pesos a favor de la víctima y se ordenó el decomiso de las pruebas materiales del proceso.

La fiscal Reyna Jiménez, quien representó al Ministerio Público en audiencia de fondo, relató al juzgador el escenario que rodeó la tentativa de asesinato.

El Ministerio Público, aseveró, la litigante, demostró que el procesado premeditó los hechos y los cometió con asechanza, toda vez que rentó un vehículo marca Honda, modelo CRV-EX-L, color Blanco, para ejercer la persecución sin que la víctima lo notara.

En marzo de 2024 esperó a la víctima frente a su lugar de trabajo a donde la mujer llegó a bordo de un motoconcho. Luego de advertirle lo que haría, el procesado disparó a la mujer y luego huyó de la escena.

La investigación del Ministerio Público, a través de su Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, puso a disposición del tribunal las pruebas materiales del proceso, como el arma de fuego ilegal que el encartado utilizó.

Entre otras pruebas, el Ministerio Público logró recolectar los vídeos de las cámaras de videovigilancia que captaron los hechos, así como las capturas de conversaciones tanto con la víctima, como con otros amigos y familiares, que dejaron evidenciadas sus intenciones.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público ejecutó la noche del domingo una orden de arresto en contra de una joven imputada de maltratar a una niña de dos años de edad en un centro de cuidado infantil donde laboraba, localizado en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

Yamelsy Matos Beltré, de 25 años de edad, empleada del centro, fue arrestada con orden judicial al entregarse ante las autoridades del Ministerio Público en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este.

Las investigaciones en su contra iniciaron tras la amplia difusión de un vídeo la pasada semana en las redes sociales, que capta el momento en que maltrata a la niña en el centro de atención infantil.

El Ministerio Público junto a la Policía Nacional, previo al arresto, desarrolló un operativo de búsqueda en diferentes sectores del municipio.

A través de comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que amplía las investigaciones del caso para proceder con el sometimiento a la justicia de la imputada y solicitar la imposición de medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este en el plazo constitucional de las 48 horas.

 SANTO DOMINGO (República Dominicana ).- El Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional que ratifica la disposición de los hospitales públicos a fortalecer la atención médica necesaria y oportuna a los privados de libertad.

El acuerdo fue rubricado por el doctor Julio Ladrón, director ejecutivo del SNS, y Roberto Santana Sánchez, titular de la DGSPC. Ambos funcionarios, asumieron recientemente sus respectivas funciones.

Landrón sostuvo que el acuerdo se realiza con el interés de ratificar el compromiso del Estado para que los privados de libertad reciban atenciones y servicios de salud de forma rápida y oportuna y siguiendo los debidos protocolos de seguridad que requiere cada caso.

Destacó que su gestión está comprometida con el fortalecimiento de las unidades médicas de los diferentes recintos carcelarios. 

“Nuestro equipo de trabajo en el SNS está en la entera disposición de colaborar en la capacitación del personal de salud de los centros penitenciarios”, dijo.

En tanto, el titular de la DGSPC, Roberto Santana Sánchez, destacó que la atención de salud constituye la puerta de entrada al proceso de prisionalización de los individuos que son ingresados  a los sistemas penitenciarios.

En ese sentido, resaltó que el convenio con el SNS muestra la buena voluntad de los funcionarios de la institución y la vocación hipocrática y patriótica de personas que siguen creyendo en un mejor país, con mayores oportunidades para todos.

“Estamos tocando todas las puertas y tenemos que decir, felizmente, que las puertas se están abriendo con un alto compromiso”, dijo Santana Sánchez.

“Va a llegar un momento en que la sociedad podrá decir que tenemos un sistema penitenciario que nos ayuda a tener una sociedad democrática con una convivencia pacífica”, expresó.

El acuerdo compromete al SNS a proporcionar a la DGSPC, y a poner a disposición de todos los internos en los recintos carcelarios, los equipos, servicios y personal médico, así como asistencia de especialistas, a fin de que reciban servicios de salud de óptima calidad.

El SNS también apoyará la gestión de solicitudes de servicios médicos especializados, como emergencias, áreas quirúrgicas, neurocirugía, cirugía de columna, laboratorio, imágenes y odontología, dentro de las instalaciones de hospitales identificados.

En tanto, la DGSPC se compromete a poner a disposición del SNS todos los internos de las brigadas para el medio libre que se encuentran en el período de prueba, según su catálogo de habilidades, tales como: pintores, carpinteros, jardineros, electricistas, ebanistas, albañiles, letristas, plomeros y maestros constructores.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-  Avanzando en el proceso iniciado en noviembre pasado, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales

(DGSPC) trasladó a otros 400 privados de libertad desde La Victoria al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

Con este nuevo grupo de internos se completa el 50 % de la capacidad del primer módulo de Las Parras entregado por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) como parte de los trabajos de terminación y readecuación del complejo penitenciario.

Roberto Santana, titular de la DGSPC, agradeció a los internos de La Victoria que aguardan su traslado a la CCR Las Parras y que mantienen una actitud colaborativa para facilitar el proceso de reubicación. Recordó que los nuevos espacios facilitarán que puedan recibir un tratamiento de mayor dignidad.

“Aprovechamos la ocasión para exhortar a los internos que continúen manteniendo una actitud colaborativa en favor de este proceso de mejoramiento penitenciario que, a la vez, contribuye a la tranquilidad de sus familiares”, expresó Santana.

Recordó que el módulo habilitado en el CCR-Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, cuenta con una infraestructura moderna, que incluye áreas administrativas, talleres de costura, salas de audiencias, áreas de visitas familiares y conyugales.

Además, celdas de máxima seguridad, consultorio médico, comedor, cocina, subestación.eléctrica, así como de plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros.

“Como se sabe, este proceso de traslado, y el proceso de reforma penitenciaria en general, son una prioridad del Estado dominicano”, dijo.

Añadió que la eliminación de las conductas ilegales en centros penitenciarios y las actividades ilícitas son un objetivo clave en la normalización de la seguridad en las prisiones.

Santana recordó que el Estado dominicano está obligado a superar cualquier tipo de obstáculo para impulsar un proceso de reforma penitenciario que, además de respetar la integridad de los privados de libertad, contribuya a su rehabilitación en bien de ellos, de sus familiares y para la seguridad de toda la sociedad.

El titular de la DGSP valoró que los familiares de los internos y sus abogados comprendan, al igual que toda la sociedad, que el traslado al CCR Las Parras representará un cambio positivo en la vida de los privados de libertad y todo su núcleo familiar y social.

La condena de 30 años de prisión fue dictada en contra de José Manuel Alcántara (Mangue), por actuar con premeditación, acecho, persecución e intentar asesinar a su expareja con un arma blanca, tipo machete.

Los hechos, narrados ante el tribunal por la procuradora fiscal en casos de Violencia de Género e Intrafamiliar Denia Rodríguez, evidencian de forma clara, coherente y contundente, la intención del condenado de asesinar a la víctima, a quien, el 26 de diciembre de 2022, persiguió alcanzó y le produjo heridas en diversas partes del cuerpo, dejándola abandonada al pensar que la había asesinado.

El Ministerio Público demostró al Tribunal Colegiado de las Matas de Farfán, integrado por Blaudy Luciano, Eduard Gerónimo y Sally González, que con sus acciones José Manuel Alcántara violó los artículos 2, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano.

Este año obtuvo el primer lugar Jenny Rafaelina López Ortiz, por su trabajo “¿Puede un juez traicionar su conciencia y seguir siendo imparcial? (una reflexión sobre límites procesales, derechos fundamentales y la dimensión humana de la justicia contemporánea)”. 

El segundo y tercer lugar, respectivamente, recayeron sobre Brianda María Trujillo -Flórez Estrada con su ensayo “Conciencia, Deber e imparcialidad en el Sistema Judicial: una Revisión Ética y Jurídica del Ordenamiento Dominicano a Partir de los Casos Mitchell Nance y Luigi Tosti”; y William Ismael Lithgow Méndez, con su tema “Conciencia y Justicia”. 

Se destaca, que López Ortiz también ganó el primer lugar en la fase internacional del concurso, siendo el segundo año consecutivo que República Dominicana gana el primer lugar a nivel de Iberoamérica.  

En su ensayo, la ganadora del primer lugar plantea una reflexión profunda sobre si un juez puede traicionar su propia conciencia sin comprometer su imparcialidad judicial, partiendo de la premisa de que, en contextos procesales complejos, los jueces enfrentan tensiones entre normas legales y convicciones morales, y con ello, propone un equilibrio entre la ética personal y el deber jurídico, alineado con el Código Iberoamericano de Ética Judicial. 

El acto de premiación fue encabezado por la magistrada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Pilar Jiménez Ortiz, representante del Poder Judicial dominicano ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial; el magistrado Justiniano Montero Montero, juez de la Primera Sala de la SCJ e integrante del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial, y la doctora Gervasia Valenzuela Sosa, Coordinadora Nacional de República Dominicana ante a la Cumbre. Igualmente estuvieron presentes los magistrados en retiro Eglys Esmurdoc y Ramón Horacio González, en representación del Comité Evaluador de los ensayos concursantes. 

Los tres ganadores definieron la experiencia como muy enriquecedora a nivel del conocimiento jurídico internacional. 

En sus palabras de motivaciones, la magistrada Pilar Jiménez resaltó la calidad de los trabajos que se presentaron, al tiempo que felicitó a los ganadores y les exhortó a que sigan participando. 

Mientras, que el magistrado Justiniano destacó la dimensión alcanzada por el concurso, pudiendo abarcar la participación no solo interna, sino además externa, constituyéndose así en una nueva visión, apertura y entusiasmo para todos los sectores interesados en trabajar el tema de la ética judicial. 

Asimismo, la doctora Gervasia Valenzuela ponderó que la República Dominicana es un referente en Iberoamérica en el tema de la Etica Judicial, obteniendo en los dos últimos años el primer lugar en la fase internacional de este concurso organizado por la CIEJ con lo que se fortalece el Poder Judicial internacionalmente.    

Por último, Jenny Rafaelina López agradeció al Poder Judicial por permitirle participar en el concurso, siendo abogada externa, y poder aportar a la doctrina jurídica desde el tema de la ética, abogó para que se siga promoviendo este tipo de actividad con la participación de jóvenes, especialmente de las mujeres.      

El Concurso de Ensayos sobre Ética Judicial tiene como objetivo fundamental fomentar la ética en los espacios judiciales, contribuyendo a lograr la excelencia  en el servicio de administración de justicia, así como, fortalecer la confianza de la ciudadanía.

Por este hecho fueron implicadas siete personas, de las cuales cuatro ya cumplen condenas de 30 y 20 años de prisión. Sin embargo, tres permanecen en libertad, entre ellos el exalcalde del municipio de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa, mejor conocido como Opi, acusado de ser el presunto autor intelectual del crimen.

Durante la audiencia, la viuda del regidor, Raisa Acosta, pidió al tribunal imponer la pena máxima a los responsables, señalando que mientras los ejecutores materiales ya están condenados, falta que se haga justicia contra quien habría pagado y ordenado el asesinato de su esposo.

En las afueras de la Fiscalía, amigos y familiares del fenecido edil realizaron un piquete en reclamo de justicia y para exigir que este crimen, que estremeció a toda la provincia Monte Plata, no quede impune.

Raysa Julieta Acosta, viuda y madre de tres hijos procreados con el regidor asesinado,  mediante un video, dio gracias a los familiares y amigos, así como a la sociedad dominicana que la ha acompañado durante los más de 11 años que lleva el proceso judicial.

En ese sentido, precisó que este jueves 18 de septiembre a las 9:00 de la mañana, se estarán presentado las conclusiones en el Tribunal Colegiado de Monte Plata, al tiempo de que pedió unirse en una sola voz, para que sea condenado el autor intelectual del asesinato de su esposo el exregidor Renato Castillo Hernández  

Se recuerda que el pasado lunes 8 del presente mes, el juicio fue pospuesto por un apagón que afectó las instalaciones del Palacio de Justicia de dicha demarcación. 

La parte acusadora integrada por el Ministerio Público, querellantes y actores civiles, ya terminaron con la presentación e incorporación de todo su elenco probatorio, consistente en pruebas testimoniales, materiales, periciales documentales y audiovisuales. Asimismo,  la defensa de Nelson Sosa Marte terminó con la presentación de sus pruebas testimoniales.

Entre las pruebas a destacar, incorporada por el Ministerio Público se encuentra el revólver identificado como el arma homicida, marca Cocoa, el cual fue recuperado en la finca propiedad de Nelson Sosa Marte, donde el mismo tiene una fábrica de espuela plástica de gallo llamada "La Princesa”.    

En dicho  lugar,  vivía el empleado del exalcalde y subdirector de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Bayaguana, Rafael Eladio Olivo Javier, quien se encuentra cumpliendo una condena de 20 años de reclusión por su participación en el asesinato del regidor Renato Castillo.

Recordar que el 6 de abril del 2021, Sosa Marte fue declarado culpable junto a otros cinco implicados en el asesinato del regidor Renato Castillo, pero en ese mismo año,  la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo descargó al exalcalde, mientras que, mediante la misma sentencia le fue confirmada la condena a los demás imputados, cuya decisión generó controversia y críticas alusivas a que la misma tiene su origen en influencias ejercidas por padrinos por exalcalde de Bayaguana.

La cuestionada decisión que descargó a Nelson Sosa Marte, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, fue revocada por la Suprema Corte de Justicia.

El regidor Renato De Jesús Castillo  Hernández fue asesinado el 25 de junio de 2014, mientras compartía con amigos en el municipio cabecera de Monte Plata.

Mediante un comunicado de prensa, a propósito de que este lunes,  exalcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte, alias "Opi”, se le podría dictar sentencia en el Tribunal Colegiado de Monte Plata, en un nuevo juicio que se le sigue por su supuesta participación como patrocinador y autor intelectual del asesinato del regidor y compañero del  Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Renato De Jesús Castillo Hernández.

El Movimiento Rebelde manifestó que ya basta de que los "trabajadores materiales" de los crímenes sicariales sean los únicos que sean condenados, mientras los que pagan para matar son peores y mucho más si la justicia les garantiza impunidad.

“ Los que pagan para asesinar lo seguirán haciendo con dinero o influencias políticas se les garantiza impunidad”, aseveró la organización política formada por Juan Hubieres.

Señaló que en el 2014, Renato Castillo Hernández fue la víctima de la corrupción, pero que, mañana puede ser cualquier persona civil o funcionario que también sea asesinada por RD$200, RD$300 y RD$400 mil pesos y hasta por menos: “Como diría don Quijote, ¡Hoy por ti, mañana por mi!”.

El MR acotó que quienes se hacen indiferentes, cómplices o traficantes de sentencias están creando las bases para que nuestra sociedad termine de podrirse y hundirse, donde el estado de derecho ya no tendrá ningún sentido y solo la barbarie inhumana será la regla.

La organización política recordó en la provincia Monte Plata, justamente en el municipio Bayaguana,  también asesinaron al Chato, por lo que afirmó que el Movimiento Rebelde siempre estará al lado de los ninguneados por el poder; de las viudas e hijos en desolación y  de los que claman justicia,  “aunque seamos la voz que clama en el desierto, no dará ni un paso atrás”.

El Movimiento Rebelde recordó que a esa  organización política le fueron asesinados ocho (8) miembros por una banda auspiciada y financiada desde la OMSA, así como de otras instancias superiores en 2015, y al igual que en el caso de Renato Castillo Hernández solo los criminales materiales fueron condenados.

Finalmente, la organización formada por Juan Hubieres ha asumido la defensa de centenares de casos criminales en favor de las víctimas y sus familiares, tanto en la provincia de Monte Plata como en el territorio nacional.

Santo Domingo, R.D. – La Asociación Dominicana de Artistas Visuales (ADAV) hizo pública su posición respecto al premio otorgado a la propuesta “Lo que se saca de Raíz Vuelve a crecer”, de la artista Karma Davis Pérez, en la categoría de escultura de la Bienal Nacional de Artes Visuales 2025.

En una comunicación dirigida al Ministerio de Cultura y al Comité Organizador de la Bienal, la entidad expresó la preocupación de un grupo de artistas sobre el cumplimiento de los reglamentos técnicos y de conservación establecidos en el certamen. Según lo planteado, la obra premiada presenta elementos que, por su naturaleza, no se ajustan a los criterios vigentes y generan limitaciones en cuanto a su preservación como parte del patrimonio cultural.

“Consideramos que el uso de un organismo vivo, como la Roystonea hispaniolana o Palma Real, coloca en riesgo su conservación, lo cual contradice los lineamientos del propio reglamento de la Bienal”, indicó el presidente de ADAV, Francisco Sánchez Guanabacoa.

En ese sentido, la Asociación destacó la importancia de la Bienal como el evento cultural de mayor relevancia en el ámbito de las artes visuales del país, razón por la cual solicitó la revisión y anulación del premio en cuestión, con el objetivo de garantizar la transparencia, el rigor técnico y el fortalecimiento institucional de este certamen.

“Creemos firmemente que la Bienal Nacional debe seguir siendo un espacio de legitimidad y referencia para el arte dominicano, apegado a los reglamentos y a la protección de nuestro patrimonio material y cultural”, puntualizó Sánchez Guanabacoa.

Asimismo, ADAV reiteró su disposición de continuar colaborando con las autoridades culturales para que la Bienal Nacional de Artes Visuales se consolide cada vez más como un pilar esencial de la cultura dominicana.

El convenio, que tendrá una duración de cuatro años, tiene como objetivo establecer la coordinación que permitirá impartir carreras profesionales y técnicas. En una primera etapa se ofrecerán las licenciaturas en Derecho y Comunicación Social.

Firmaron el acuerdo el director general de la DGSPC, la rectora de Uteco y la presidenta de Funmujer, Roberto Hernández Basilio, Marylin del Carmen Díaz y Peggy Cabral, quienes ponderaron su importancia.

Hernández Basilio destacó la educación como la vía esencial para lograr la verdadera rehabilitación de los internos. Valoró el convenio como parte de las acciones que impulsa su gestión para aprovechar el tiempo de manera productiva. “Es una buena manera de aprovechar el tiempo en prisión, como han hecho algunos que han obtenido títulos técnicos y de grado a través de los programas de capacitación que ponemos a disposición”, expresó.

Mientras, la rectora Marylin Díaz Pérez resaltó que los internos tendrán acceso a una enseñanza de calidad, avalada por más de cuarenta años de trayectoria académica de la Uteco a nivel nacional e internacional.

Señaló además que esta alianza contribuirá directamente al proceso de rehabilitación social al ofrecer a los participantes herramientas que faciliten su reinserción.

Sostuvo que “es importante poder ayudar al proceso de rehabilitación de los privados de libertad a través de la educación de la mano de una casa de estudios que tiene más de 43 años de actividad académica probada a nivel nacional e internacional”.

De su lado, Peggy Cabral expresó que trabajar en la educación de los privados de libertad es una forma de motivar a la juventud a confiar en las posibilidades de superación. Subrayó que cada testimonio recibido de quienes logran avanzar gracias a los programas educativos representa una satisfacción y un estímulo para seguir fortaleciendo estas iniciativas.

“Aspiramos a llegar cada día a más público, pues las historias que nos llegan hablando de los logros que han alcanzado los beneficiarios de nuestros programas de educación son gratificantes”, destacó Cabral.

La Uteco cubrirá los costos de matrícula, fomentará la investigación en la población penitenciaria y brindará acceso a recursos académicos, bibliográficos y digitales. Mientras que la DGSPC será responsable de garantizar las condiciones de seguridad y de seleccionar a los privados de libertad que cumplan con los requisitos para ingresar a los programas.

La Funmujer, por su parte, asumirá los gastos relacionados con los facilitadores, las inscripciones, los trabajos de grado, las graduaciones, el transporte y el material educativo.

La firma de este convenio también permitirá el acceso de los Centros de Corrección y Rehabilitación a nivel nacional para que estudiantes de la Uteco puedan realizar trabajos de campo, investigaciones académicas y recorridos programados en dichas instalaciones. Además, los colaboradores del sistema penitenciario tendrán acceso a becas, descuentos, exoneraciones y facilidades de estudio en programas de grado, de cuarto nivel y de educación continuada.

Con esta iniciativa, las instituciones reafirman su compromiso de trabajar de manera conjunta en la capacitación de la población penitenciaria, con el objetivo de transformar la cultura penológica en el país y fortalecer los procesos de rehabilitación social a través de la educación.

Los beneficiarios de esta iniciativa son los privados de libertad condenados y con sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Emilio Manuel Suero (Emilito) y Eury Canela Javier (Japón o Yeury) fueron condenados por la muerte del capitán del Ejército Carlos Guillen Salas en medio de la acción delictiva.

El tribunal, presidido por la jueza Arlín Ventura Jiménez e integrado por Leticia Martínez y Evelin Rodríguez, ordenó que ambos cumplan la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, donde se encontraban bajo prisión preventiva.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por las fiscales litigantes Carleny Camilo y Cinthia Bonety presentó pruebas materiales, periciales, documentales y testimoniales que demostraron de manera concluyente la responsabilidad penal de los condenados.

La acusación, sustentada por la fiscal Vidalis Mora Díaz, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona, estableció que el hecho ocurrió el domingo 14 de julio de 2024, alrededor de las 2:30 de la madrugada, en la intersección de las calles Josefa Brea y Domingo Moreno Jiménez, sector Villa María.

Ese día, el capitán Carlos Guillén Salas se desplazaba en su motocicleta cuando fue interceptado por los hoy condenados, quienes se movilizaban en otra motocicleta sin placa. Emilio Manuel Suero, portando un revólver, descendió del vehículo, apagó la motocicleta de la víctima, le robó dos teléfonos celulares (Samsung Galaxy A4 y Samsung Galaxy Note 8) y, al notar que el oficial intentaba sacar su arma de reglamento, le disparó tres veces por la espalda, causándole la muerte.

Ambos huyeron de la escena y fueron captados por cámaras de seguridad de la zona.

El 19 de julio de 2024, en ejecución de la orden judicial No. 2024-AJ0009954, el Ministerio Público allanó la vivienda de Emilio Manuel Suero, quien intentó escapar, pero fue arrestado en posesión de un revólver Colt calibre 38, con seis cápsulas, sin documentación legal. Eury Canela Javier fue detenido días después, mientras conducía la motocicleta utilizada en el crimen.

Los hoy condenados fueron procesados por asociación de malhechores y homicidio voluntario con el uso de armas ilegales, en violación de los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 66, párrafo 2, y 67, de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Santo Domingo. – El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo emitió una sentencia definitiva en contra de dos contratistas que incurrieron en prácticas fraudulentas en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

La parte legal de Edeeste y el Ministerio Público presentaron pruebas suficientes para que el tribunal acogiera como buena y válida la condena en contra de Héctor Rafael Reví y Joan Danilo Eusebio Ramírez.

La sentencia establece una condena de tres años de prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria y el pago de una indemnización económica de RD$100,000.00, así como la remuneración de las costas penales y civiles del proceso.

Según se describe en el documento de sentencia definitiva, ambos fueron sorprendidos en flagrante delito realizando conexiones ilegales sin la debida autorización de la Superintendencia de Electricidad (SIE) y de Edeeste, por personal de Seguridad Física de la distribuidora en junio del año 2023. Al momento de la detención tenían una “guagüita”, escalera, cables, entre otros objetos.

Con sus acciones, tanto Héctor Rafael Reví como Joan Danilo Eusebio Ramírez violentaron los artículos 124-2 de la Ley General de Electricidad 125-01 y los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

Edeeste aprovechó para reiterar su compromiso con el fortalecimiento de sus mecanismos de control y de actuar en el marco de la ley para proteger los recursos del sistema eléctrico nacional.

Además, la distribuidora aprovechó para llamar a los usuarios a regularizar su situación energética y evitar incurrir en prácticas ilegales que pueden conllevar sanciones penales y económicas.

Cabe recordar que el fraude eléctrico constituye un delito tipificado en la Ley General de Electricidad, y su combate es fundamental para garantizar la sostenibilidad del servicio y la equidad en el pago por el consumo de energía.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público continúa con la presentación de testigos en el juicio seguido a los implicados en la Operación Coral, incorporando nuevas pruebas que demuestran el esquema de lavado de activos y adquisición irregular de bienes por parte de Adán Cáceres Silvestre y los demás acusados.

Durante la audiencia fueron escuchados este martes varios testigos que aportaron datos clave sobre la operatividad financiera y la utilización de estructuras religiosas, sociales y comerciales para encubrir fondos ilícitos.

Entre los testigos, figuran representantes de la Iglesia Bautista Vida Eterna, quienes admitieron haber recibido RD$9,000,000.00 de parte de Cáceres, de los cuales solo devolvieron RD$1,000,000.00 mediante depósitos a Julio Camilo de los Santos Viola.

También, declaró Elvin Rudys Ramírez, quien aparece en documentos como presidente de la Asociación Campesina Madre Tierra. Ramírez señaló que aceptó figurar como tal por un favor a Adán Cáceres, aunque desconocía el manejo y origen de los fondos. Relató que los cheques eran llevados en blanco para su firma por el acusado Kelman Santana y que Rossy Guzmán fungía como tesorera, pese a que Cáceres era, según dijo, el verdadero propietario de la asociación.

Asimismo, el representante de la empresa Saramago SRL confirmó que vendió un apartamento a Epifanía Peña Lebrón, pero posteriormente se le solicitó que el contrato final se hiciera a nombre de Único Real State e Inversiones, empresa representada por Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”.

Otro testigo, Harmiton Luna, declaró que vendió apartamentos en la torre Harianex XIII a Adán Cáceres y a Julio Camilo de los Santos Viola. A través de la documentación incorporada al proceso, se comprobó que De los Santos Viola realizó los pagos en dólares estadounidenses.

Finalmente, José Rafael Madera Madera aseguró que Rafael Núñez de Aza le pidió simular la compra de acciones en la empresa CSNA Universo Empresarial a nombre de Adán Cáceres. Confirmó que, aunque figura como accionista, no es el verdadero dueño, y que la empresa pertenece a Cáceres. Añadió que construyó la Plaza Randa, de 44 locales comerciales, propiedad, según dijo, de Núñez de Aza y Cáceres Silvestre.

El Ministerio Público incorporó pruebas documentales y periciales que refuerzan su teoría del caso y evidencian cómo los imputados utilizaron estructuras religiosas, sociales y empresariales para encubrir el origen ilícito de los fondos.

La audiencia presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo,  continuará el próximo martes 15 de julio, con la presentación de nuevos testigos por parte del Ministerio Público.

Santo Domingo, R.D. – El dirigente político, educador y consultor, doctor Roberto Fulcar Encarnación, interpuso formalmente una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en contra del señor Ángel Martínez, conductor del canal de YouTube “Detective Ángel”, por la difusión reiterada de informaciones difamatorias, injuriosas y carentes de veracidad.

Desde mediados del mes de diciembre del año 2022 hasta la fecha, Ángel Martínez ha sostenido una campaña de descrédito contra el doctor Fulcar a través de su canal de YouTube y redes sociales, acusándolo sin pruebas de haber recibido dinero del narcotráfico, de estar implicado en investigaciones por parte de agencias estadounidenses y de haber delatado a figuras políticas y gubernamentales dominicanas.

Particularmente, en una transmisión del 17 de diciembre de 2022, Martínez afirmó que Fulcar recibió presuntamente 150 millones de dólares del narcotráfico y que sostuvo reuniones con fiscales de la DEA para cooperar con investigaciones en curso. En el mismo contenido, mencionó supuestos sobornos entregados —en presencia de Fulcar— por figuras actualmente detenidas en Estados Unidos a políticos del país. Además, utilizó expresiones degradantes y ofensivas para referirse al exministro de Educación, atentando contra su dignidad, honor, imagen y moral.

En la querella, el doctor Fulcar señala que tales declaraciones son absolutamente falsas, carentes de sustento y han generado un profundo daño a su imagen personal, su integridad profesional y su entorno familiar y social, motivando así la acción legal.

La instancia presentada por el pasado coordinador general de campaña del presidente Luis Abinader está respaldada por testimonios de ciudadanos que confirman el impacto público negativo de las declaraciones, así como por pruebas médicas que certifican que el viaje del Dr. Fulcar a Estados Unidos respondió estrictamente a razones de salud, descartando cualquier otra intención oculta o vínculo con procesos judiciales en ese país.

Entre las pruebas depositadas figuran:

• Historia clínica del Dr. Roberto Fulcar, emitida por médicos en República Dominicana y en Estados Unidos.

• Testimonios de ciudadanos que dan cuenta del alcance y la percepción pública de las declaraciones difamatorias.

• Evaluaciones médicas del Massachusetts General Hospital y otros centros de salud en Boston, Massachusetts.

En virtud de estos hechos, se solicita a las autoridades competentes la apertura formal del proceso penal contra Ángel Martínez, así como la imposición de medidas de coerción y la persecución judicial por los delitos de difamación e injuria, conforme al marco legal vigente.

El doctor Roberto Fulcar reiteró su compromiso con la verdad, el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales, al tiempo que expresó su esperanza de que este caso siente un precedente frente al uso irresponsable de las plataformas digitales para la propagación de falsedades con fines de descrédito personal y político.

El equipo de abogados representantes de Roberto Fulcar está integrado por Melania Ingrid Hidalgo Martínez y Edwin Acosta.

La denuncia interpuesta por ante la Cámara Penal del Distrito Judicial de La Altagracia, se fundamenta en declaraciones públicas que presuntamente desacreditaron a los querellantes.

Según el expediente presentado, el abogado Valerio Jiminián habría emitido afirmaciones difamatorias a través de entrevistas televisadas, artículos de prensa y redes sociales, atribuyendo a Fuller y Santana Tejada supuestas acciones fraudulentas sin fundamentos legales. 

Estas declaraciones, sostienen los querellantes, han afectado gravemente su honor, reputación y credibilidad profesional.

Por ello, basan su acusación en la violación de los artículos 367, 371 y 373 del Código Penal Dominicano, por lo que piden la imposición de sanciones penales, así como la reparación de los daños morales ocasionados.

Entre las solicitudes de los querellantes, se incluye una indemnización de RD$100,000,000.00  y una disculpa pública por parte del imputado a través de los mismos medios en que se difundieron las declaraciones.

Las víctimas y acusadores privados han puesto a disposición pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales que, según argumentan, demuestran la falsedad de las imputaciones realizadas por Valerio Jiminian.

De igual forma, solicitaron la intervención del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) para certificar la veracidad de los registros digitales aportados en el proceso.

Con esta acción, los querellantes buscan no solo reivindicar su honor, sino también sentar un precedente sobre la responsabilidad y las consecuencias legales de emitir declaraciones difamatorias sin sustento.

Asimismo, el señor Fuller y su representante legal se quejaron contra la fiscal titular de Higüey, Claudia Lorena Garrido C, por desobedecer una orden de arresto contra la señora María Elvira Ramírez viuda Fuller, contra quien el  Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Higüey dictó orden de arresto, pero la fiscal no aplicó dicha medida dejándola en libertad bajo fianza.

En tal sentido, interpusieron su queja ante la Inspectoría del Ministerio Público en contra de la fiscal por la puesta en libertad de la acusada de estafa y otras irregularidades dentro de la sucesión de los bienes de la familia Fuller, según el expediente 187-2024-EPEN-01173, interpuesto por los herederos.  

Se recuerda que Ramírez Concepción viuda del señor Merle Wayne Fuller está acusada de  sustraer miles de millones de pesos a la familia Fuller valiéndose de diversas artimañas.

De acuerdo a una nota de prensa de la Procuraduría General, el Ministerio Público presentó la acusación formal y la solicitud de apertura a juicio en contra de Marvin Joel Soriano Robles, gerente de la empresa, así como de Roxanna Milagros Villeta Gómez (pareja sentimental de Marvin), así como de una empresa dominicana, cuyo nombre se omite por razones legales.

El caso se encuentra en el Distrito Nacional y donde la Notaría manifestó y admitió en la página 42,que nunca firmó ni legalizó actos notariales y que ellos usaban su identidad para engañar, estafar y falsificar a sus clientes. Que estos actos notariales legalizados esque ellos embargan irregularmente.

Según expresa el expediente acusatorio, Soriano Robles es el principal responsable de la estafa, extorsión y chantaje contra las presuntas víctimas, la mayoría personas vulnerables por su situación económica, quienes residen en diferentes sectores del municipio Santo Domingo Este.

La acusación además establece que las víctimas eran contactadas a través de diferentes redes sociales y luego a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, por medio de las cuales los estafadores le ofrecían limpiarles el historial crediticio, exigiéndole previamente el pago de diferentes montos, entre ellos, por montos desde los RD$50 mil hasta los RD$200 mil, con el argumento de que lo utilizarían para llevar a cabo el proceso. Además, le prometían gestionarles préstamos.

Las 117 víctimas sequerellaron en contra de Soriano Robles, quien encabezaba la red de estafadores junto a su esposa Roxanna Milagros Villeta Gómez, quienes captaban a los hoy afectados a través de la página web www.ProCrédito.com.do.

Luego, los estafadores les informaban que ya tenían limpio su historial crediticio, otorgándole un plazo para que le hicieran el depósito de las referidas sumas, y le advertían que de no hacerlo le subirían el interés y le embargarían todas sus cuentas bancarias, además de amenazarlos con quitarles sus vehículos y propiedades para que le pagaran contratos falsos.

En otros casos, luego de que los acusados obtenían copias de los documentos de identidad personal de las víctimas, le embargaban sus cuentas, utilizando para ello contratos y pagarés notariales falsificados, los cuales eran enviados a distintas entidades bancarias, convirtiéndolos en deudores de la empresa.

Luego, los estafadores les informaban que ya tenían limpio su historial crediticio, otorgándole un plazo para que le hicieran el depósito de las referidas sumas, y le advertían que de no hacerlo le subirían el interés y le embargarían todas sus cuentas bancarias, además de amenazarlos con quitarles sus vehículos y propiedades para que le pagaran contratos falsos.

En otros casos, luego de que los acusados obtenían copias de los documentos de identidad personal de las víctimas, le embargaban sus cuentas, utilizando para ello contratos y pagarés notariales falsificados, los cuales eran enviados a distintas entidades bancarias, convirtiéndolos en deudores de la empresa.