Notas RD

Doctor en Ciencias de la Educación

En los últimos días he visto con preocupación la cantidad de jóvenes que han muerto durante intervenciones policiales. Esto me ha puesto a pensar nuevamente en un tema que durante años hemos discutido en nuestro país: la delincuencia y la forma de enfrentarla.

Lo primero que quiero dejar claro es que no estoy de acuerdo con que un delincuente le quite la vida a ningún ciudadano. Una persona no puede salir de su casa a trabajar y terminar muerta porque alguien decidió quitarle un celular, un motor o cualquier cosa que consiguió con sacrificio. Tampoco podemos pedirle a un policía que se deje matar. Si una persona enfrenta a tiros a las autoridades, el agente tiene derecho a defender su vida y la de los demás, dentro de lo que establece la ley.

Ahora bien, mi preocupación es pensar que matando al delincuente se resuelve el problema de la delincuencia.

Solo en septiembre, Diario Libre ha contabilizado 27 personas fallecidas durante intervenciones policiales y, días antes, había situado en 180 el acumulado durante este año, aclarando que se trata de un levantamiento extraoficial.

Entonces yo me pregunto: ¿con plomo vamos a resolver la delincuencia?

Entiendo que no.

Para mí, la delincuencia es como un cáncer: se expande y se multiplica. Podemos atacar una célula maligna y eliminarla, pero si detrás aparecen otras, la enfermedad sigue ahí.

Eso es lo que quiero decir cuando hablo de mirar más allá del espejo de la muerte. No podemos ver solamente que matando al delincuente se resolvió el problema, porque ese mismo problema puede reencarnarse en otros jóvenes que están en condiciones de vulnerabilidad.

Hoy puede morir uno, pero mañana aparece otro. Y después otro.

Por eso tenemos que preguntarnos qué está pasando antes de que ese muchacho llegue a tener una pistola en las manos.

Desde mi experiencia, comenzamos a perder a un joven desde que deja de asistir a la escuela y no hace sus tareas, pero nadie se preocupa por saber qué está pasando. También comenzamos a perderlo desde el hogar, cuando llega con cosas que no sabemos de dónde salieron y simplemente las aceptamos.

Lo perdemos también cuando dejamos que sean las redes sociales y el entorno quienes terminen educándolo.

Y aquí quiero detenerme en algo que veo mucho: el deseo de conseguir dinero rápido y la vanidad.

Hay jóvenes que quieren aparentar ser como el artista que ven en las redes sociales. Quieren prendas, ropa, un motor, lujos y cosas para llamar la atención de las jovencitas, pero quieren tenerlas a destiempo, sin trabajar y sin un plan de vida.

No estoy diciendo que todo joven que quiera tener cosas buenas vaya a convertirse en delincuente. Todos queremos progresar. El problema está cuando se quiere conseguir en un día lo que normalmente requiere años de trabajo y sacrificio, y para lograrlo se toma el camino de quitarle a otro lo que consiguió trabajando.

También está el tema de la identidad.

Hay jóvenes que no saben quiénes son ni hacia dónde van. Y cuando no encuentran identidad, apoyo o reconocimiento en su familia, en la escuela o en su comunidad, pueden terminar buscándolos en otros lugares.

Las bandas también reclutan.

Y muchas veces esos jóvenes encuentran ahí protección, apoyo, sentirse valorados y esa necesidad de pertenecer a algo para ser reconocidos.

Entonces tenemos que preguntarnos: si las bandas están haciendo su trabajo para reclutarlos, ¿qué estamos haciendo nosotros para llegar primero?

La prevención no puede comenzar cuando el joven ya está atracando. A esa altura llegamos tarde.

Tenemos que conocer cuáles son sus necesidades primarias, qué les gusta, cuáles son sus capacidades y ayudarlos a conocer su propia identidad. Hay que encaminarlos hacia un buen oficio y, algo que considero fundamental, darles acompañamiento permanente.

Por mi experiencia en educación, deporte, trabajo comunitario y procesos de reinserción social, incluyendo las Casas del Redentor, he visto el valor que tienen las charlas educativas, pero también he aprendido que no todo se resuelve hablando. Hay que escucharlos, conocer sus necesidades, enrolarnos con ellos en actividades culturales, orientarlos y enseñarles algún oficio.

Y acompañarlos.

Porque de nada vale reunir cien jóvenes un sábado, darles una charla, tomarnos una fotografía y no saber qué pasó con ellos después.

La prevención tiene que tener seguimiento.

¿Cuántos continúan en la escuela? ¿Cuántos aprendieron un oficio? ¿Cuántos consiguieron un empleo? ¿Cuántos están practicando algún deporte? ¿Cuántos lograron salir de las drogas o de un ambiente que los estaba llevando por un mal camino?

Ahí es que debemos comenzar a medir resultados.

También tenemos que reconocer que hemos avanzado. La Oficina Nacional de Estadística registra que la tasa de homicidios intencionales bajó de 21.1 por cada 100,000 habitantes en 2009 a 11.6 en 2023. Asimismo, los datos consolidados de seguridad ciudadana indican que 2025 terminó con 951 homicidios intencionales y una tasa de 8.7 por cada 100,000 habitantes.

Eso es positivo y hay que reconocerlo, pero no quiere decir que el trabajo terminó.

Si yo tuviera sentado frente a mí a un joven que está pensando atracar para conseguir dinero rápido, le diría que esa no es la mejor vía. Primero, porque violenta nuestro marco de convivencia y las leyes; pero también porque es un camino que puede conducirlo a la cárcel o a la muerte.

Le diría que trabajando, aprendiendo un oficio, emprendiendo o negociando puede ahorrar para sus proyectos. Quizás tarde más, pero lo que consiga será suyo y podrá disfrutarlo sin tener que vivir huyendo ni mirando hacia atrás.

Por eso entiendo que tenemos que trabajar más la prevención.

Familia, escuela, iglesias, clubes deportivos, organizaciones comunitarias, instituciones públicas y sociedad tenemos una responsabilidad. No toda es del Gobierno ni toda es de la Policía. Desde nuestras propias casas tenemos que comenzar a observar qué está pasando con nuestros hijos.

Y también tenemos que hablar de reinserción.

Si una persona cometió un delito, cumplió cinco, siete o diez años en prisión y pagó su deuda con la sociedad, pero cuando sale nadie quiere darle trabajo y todas las puertas se le cierran, ¿qué oportunidad real le estamos dando para comenzar de nuevo?

Reinsertar no significa premiar al que delinquió. Significa tratar de evitar que vuelva a delinquir.

De igual manera, entiendo que cuando una intervención policial termina con una muerte debe investigarse. Eso no quiere decir que el policía sea culpable. Si actuó correctamente para defender su vida o la de otra persona, la investigación también debe dejarlo claro.

Lo que no podemos permitir es que un supuesto intercambio de disparos pueda utilizarse para encubrir una ejecución particular o un ajuste de cuentas.

No estamos de acuerdo con que un delincuente le quite la vida a un ciudadano, pero tampoco podemos estar de acuerdo con que nadie, fuera de la ley, decida quién debe vivir y quién debe morir.

Tenemos que mirar más allá del espejo de la muerte.

El plomo puede detener una agresión en un momento determinado, pero no cura la enfermedad. Si ese joven muere y detrás tenemos otros diez en las mismas condiciones de vulnerabilidad, el problema sigue ahí.

Por eso digo que  el crimen no se cura con plomo.

Tenemos que enfrentar al delincuente, apresarlo y llevarlo ante la justicia, pero al mismo tiempo debemos trabajar la prevención para evitar que nuestra juventud termine camino al matadero cuando todavía podemos sacar provecho de todo lo bueno que esos jóvenes pueden aportar a la sociedad.

Tenemos que llegar antes.

Antes de que abandone la escuela. Antes de que las redes y la calle lo eduquen. Antes de que una banda le dé la identidad que no encontró en otro lugar. Antes del dinero rápido. Antes del arma. Antes del atraco.

Y, sobre todo, antes de la muerte.

Santo Domingo.-Hace un año comenzó uno de los procesos más difíciles de nuestras vidas. Han sido 365 días de pruebas físicas, emocionales y espirituales; días que nos han enseñado el verdadero significado de la fortaleza, la paciencia y la fe.

En este camino no hemos estado solos. El amor y el respaldo incondicional de nuestra familia han sido fundamentales para mantenernos de pie y continuar avanzando.

Nuestra gratitud, primero a Dios, quien nos ha sostenido en cada momento; y también a nuestro extraordinario equipo de médicos, cirujanos y oncólogos, que con profesionalidad, entrega y apego a los protocolos han sido parte esencial de esta batalla.

Hoy, 365 días después, seguimos aquí. Más fuertes, más agradecidos y con la esperanza intacta. Cada día nos sentimos mejor y continuamos preparados para enfrentar los retos que vengan.

De esta experiencia nos queda un mensaje que queremos compartir: la prevención salva vidas. Escuchemos nuestro cuerpo, realicemos nuestros chequeos a tiempo, cuidemos nuestra salud y nunca perdamos la fe.

Seguimos adelante, un día a la vez.

*Gracias, Dios, por permitirnos continuar esta historia.

Cuando en el mes de mayo de este año el senador de la provincia de Santo Domingo, el empresario Antonio Taveras se distanció definitivamente, presentando renuncia,  del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual lo sustentó  para que ganara esa senaduría en dos ocasiones, allanó el camino para que un auténtico perremeísta ocupe esta posición a partir del 2028.

Siendo así, manifiesto aquí que el PRM cuenta con la mejor ficha que partido alguno pueda jugar para esta posición en la provincia de Santo Domingo para las elecciones congresuales del 2028: El ingeniero Tonty Rutinel Domínguez.  Sí señoras y señores, el primer senador que tuvo esta demarcación geográfica, su senador histórico, fue el principal promotor de su creación. Más luego somete las iniciativas legislativas y trabaja resueltamente para la creación de los municipios Pedro Brand y Los Alcarrizos con sus distritos municipales La Guáyiga, La Cuaba, Palmarerjo Villa Linda y Pantoja entre otras jurisdicciones.

Tonty Rutinel Domínguez es de los dirigentes políticos que más cree, y actúa en consecuencia, en la institucionalidad y la descentralización como motores del avance y desarrollo de las comunidades. Ahí está su gestión legislativa de 16 años, 3 períodos como diputado uno como senador ( 1990-1994, 1994-1998,1998-2002 como diputado y 2002-2006, como senador ).

En las últimas semanas he percibido, he visto como ha venido surgiendo desde las diferentes comunidades de la provincia Santo Domingo un movimiento comunitario, social y político, de generación espontánea que está promoviendo, que está reclamando que Tonty vuelva como senador de la provincia de Santo Domingo. Con mucha fuerza que ha surgido este movimiento.

Éstos líderes y dirigentes comunitarios y políticos que están reclamando a Tonty como senador de nuevo, están actuando con mucha inteligencia y están muy claros en lo que quieren y les conviene. No es Tonty Rutinel Domínguez que debe buscar ser senador de Santo Domingo. No. Es la cúpula dirigencial del PRM y la provincia de Santo Domingo que deben buscar que Tonty sea su senador

Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.

La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.  

Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.

La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.  

Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.  

La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.  

Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.  

La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.  

La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.  

También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.  

En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.

Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.

La industria turística de América Latina y el Caribe enfrenta uno de sus momentos más complejos de los últimos años debido a la combinación de la crisis petrolera internacional, la guerra en Irán y las recientes alertas sanitarias registradas en cruceros turísticos. El aumento del precio del petróleo, provocado por las tensiones en el estrecho de Ormuz, ha elevado considerablemente los costos de transporte aéreo y marítimo, afectando directamente a destinos altamente dependientes del turismo como República Dominicana, Jamaica, Bahamas y otras economías caribeñas.  

Especialistas advierten que el encarecimiento del combustible amenaza la competitividad de la región en plena temporada turística. El precio del queroseno utilizado por las aerolíneas y del fueloil empleado por los cruceros continúa aumentando, obligando a las empresas a reducir rutas, ajustar itinerarios y elevar tarifas. Diversos análisis indican que el sector turístico mundial ya experimenta pérdidas millonarias por la caída de reservas y la incertidumbre internacional.  

En el Caribe, donde el turismo representa una parte esencial del Producto Interno Bruto de varios países, las presiones económicas comienzan a sentirse también en hoteles, restaurantes y operadores turísticos. El incremento de los costos energéticos impacta la generación eléctrica, el transporte terrestre y los servicios básicos que sostienen la actividad turística. Economistas consideran que la región podría enfrentar una desaceleración en la llegada de visitantes si la guerra en Medio Oriente se prolonga y continúa la volatilidad del mercado energético internacional.  

A esta situación se suma la preocupación sanitaria generada por reportes de un nuevo virus detectado en cruceros internacionales, lo que ha provocado vigilancia epidemiológica reforzada en varios puertos turísticos. Aunque las autoridades internacionales han evitado generar alarma, el tema revive los temores vividos durante la pandemia y aumenta la cautela entre viajeros y compañías navieras. La industria de cruceros, uno de los pilares del turismo caribeño, teme cancelaciones y nuevas restricciones sanitarias si los casos aumentan durante las próximas semanas.

Frente a este panorama, organismos turísticos y gobiernos de América Latina y el Caribe impulsan estrategias conjuntas para enfrentar los desafíos del momento. Entre las medidas discutidas figuran la diversificación de mercados emisores, el fortalecimiento del turismo interno, el uso de energías alternativas y la creación de mecanismos regionales de cooperación para proteger la conectividad aérea y marítima. Analistas coinciden en que la resiliencia del sector dependerá de la estabilidad geopolítica internacional y de la capacidad de adaptación de las economías turísticas de la región. 

La República Dominicana no puede seguir financiando su vulnerabilidad energética como si fuera una política transitoria. Solo en 2025, el subsidio al sector eléctrico ascendió a RD$105,849.1 millones, una cifra superior al presupuesto conjunto de Obras Públicas, Agricultura y Vivienda. Y a esa carga estructural se añade el repunte del subsidio a los combustibles, que solo para la semana del 14 al 20 de marzo de 2026 obligó al Estado a destinar RD$1,189.8 millones adicionales.

Después de más de dos décadas de subsidios al sector eléctrico, que según distintas estimaciones han absorbido recursos equivalentes a decenas de miles de millones de dólares sin corregir las fallas estructurales del sistema, la República Dominicana sigue sosteniendo un modelo que ha probado su insostenibilidad.

Que esto ocurra, además, sin una auditoría integral e independiente desde la generación hasta la distribución, mientras el Estado continúa asumiendo nuevos subsidios extraordinarios, revela que el problema ya no es únicamente de sostenibilidad fiscal: también es de seriedad institucional.

Los subsidios no focalizados, opacos y escasamente auditables crean un terreno fértil para la discrecionalidad, la ineficiencia y el riesgo de desvío de fondos públicos. Cuando el Estado subsidia sin focalización clara, sin trazabilidad y sin evaluación verificable, termina destinando recursos de todos a esquemas que no necesariamente protegen mejor a quienes más lo necesitan. Por eso, la corrección no debe consistir en abandonar a los sectores vulnerables, sino en sustituir subsidios generalizados por apoyos directos, transparentes y auditables, preservando de manera expresa un subsidio focalizado al GLP doméstico para los hogares de menores ingresos.

Pero el problema no termina ahí. El mundo atraviesa una etapa de desorden e incertidumbre marcada por guerras, rivalidades geopolíticas y tensiones sobre rutas energéticas estratégicas. Para una economía abierta y dependiente de importaciones como la dominicana, esos choques externos no son noticias lejanas: se traducen en inflación, presión fiscal, encarecimiento del transporte y aumento del costo de vida.

Las crisis internacionales rara vez llegan sin aviso. Antes de convertirse en emergencia, suelen anunciarse durante años. En tiempos inciertos, la esperanza sin previsión no es una estrategia. La verdadera prudencia consiste en prepararse para lo peor mientras se trabaja por lo mejor. Gobernar, en tiempos difíciles, es anticipar.

Por eso, la República Dominicana necesita algo más que administración cotidiana del Estado. Necesita una doctrina nacional sobria, realista y sostenida, capaz de ordenar prioridades, reducir vulnerabilidades y garantizar continuidad estratégica más allá de los ciclos políticos. Esa doctrina debería comenzar, al menos, por tres prioridades: seguridad energética, soberanía alimentaria y fortaleza institucional.

La primera es la seguridad energética. Persistir indefinidamente en un esquema de subsidios generalizados sería una temeridad fiscal y estratégica. Un país vulnerable no puede darse el lujo de subsidiar su propia fragilidad. Un país que subsidia el consumo sin corregir las fallas estructurales del sistema no está protegiendo su futuro: está hipotecando su propia estabilidad.

La segunda es la soberanía alimentaria. Cuando sube la energía, no solo se tensionan las cuentas públicas: se encarece el transporte, aumenta el costo de producción y suben los alimentos que llegan a la mesa de las familias dominicanas. Por eso, fortalecer la producción nacional de alimentos no es únicamente una política agrícola. Es una política de estabilidad económica y seguridad nacional.

La tercera es la fortaleza institucional. La República Dominicana ha preservado una estabilidad democrática relativa, pero todavía no puede darse por sentada. Existen reglas y órganos de control en el plano formal; sin embargo, persiste con demasiada frecuencia una distancia incómoda entre la norma y su aplicación efectiva. Cuando esa brecha se amplía, la confianza se resiente, la seguridad jurídica se debilita y la estabilidad deja de ser una fortaleza para convertirse en una vulnerabilidad.

Corregir estas vulnerabilidades no debería ser materia de improvisación ni de cálculo partidario. Debería convertirse en un acuerdo mínimo de Estado sobre lo que la República Dominicana debe proteger primero en un mundo cada vez más caro, más volátil y más incierto.

La pregunta ya no es si el mundo seguirá siendo incierto, sino si la República Dominicana corregirá a tiempo sus vulnerabilidades antes de que esa incertidumbre la obligue a hacerlo bajo presión. Porque en tiempos de desorden global, los países que llegan a puerto seguro no son los que improvisan el rumbo, sino los que protegen con claridad aquello que consideran esencial.

Para lograr un pleno desarrollo en nuestro país, debe fortalecerse de manera sustancial la base esencial de toda sociedad: su capital humano. Esto implica dirigir el enfoque hacia la mejora de la capacidad gerencial tanto del sector público como del privado.

Esta labor trascendental debe llevarse a cabo dentro de un entorno de estabilidad política, seguridad jurídica y adecuada convivencia ciudadana, así como de respeto a la institucionalidad y a los principios democráticos. Es imprescindible promover un liderazgo dirigencial comprometido, como responsabilidad de todos, que permita instaurar una gestión eficaz capaz de impulsar el crecimiento económico y el progreso colectivo.

Para encaminarnos hacia estos objetivos, todos los sectores deben confluir y crear espacios idóneos donde converjan la inteligencia, el espíritu de cambio y la vocación de servicio en todos los niveles, colocando en primer plano los mejores intereses del pueblo dominicano.

Resulta oportuno reflexionar sobre un concepto que constituye un pilar estratégico para nuestra nación: el fortalecimiento del liderazgo directivo y gerencial, no solo como responsabilidad individual, sino como compromiso colectivo y nacional.

El liderazgo debe erigirse como motor del progreso. Aunque hemos avanzado significativamente en los últimos años, aún enfrentamos retos institucionales, sociales y económicos que requieren una dirección comprometida, sólida y visionaria.

El liderazgo directivo y gerencial se ha convertido en un recurso crítico. No se limita a dar órdenes o supervisar procesos; implica competencia, capacidad, espíritu creativo y la virtud de inspirar, motivar, orientar y dignificar. Significa gestionar equipos multidisciplinarios capaces de alcanzar resultados transformadores.

Un país prospera cuando en cada institución, empresa, escuela u organización social existen líderes éticos, solidarios, tolerantes y proactivos; líderes que reconozcan el talento y el esfuerzo de los demás; que promuevan la equidad, diseñen estrategias, impulsen capacitaciones y generen confianza; capaces de lograr objetivos con disciplina, transparencia y efectividad.

El liderazgo directivo, implementado como elemento de fortaleza institucional, es determinante para mejorar el funcionamiento de las instancias públicas. Las instituciones sólidas no nacen por casualidad: se construyen día a día desde el liderazgo humano que se proyecta en cada espacio. Un buen directivo no se limita a administrar funciones; impulsa cultura organizacional, asegura planificación continua, reduce la improvisación, promueve responsabilidad y se enfoca en el cumplimiento de metas.

En la República Dominicana necesitamos líderes que fomenten la ética pública y privada, la planificación estratégica, la innovación permanente y la transparencia en la gobernanza. Cuando las instituciones se fortalecen, el país se vuelve más competitivo, productivo, atractivo para la inversión y confiable para sus ciudadanos.

El liderazgo como responsabilidad social debe entenderse como un bien colectivo. No es un lujo, es una necesidad; un compromiso común que se construye consensuando ideas, conciliando intereses y articulando los diversos sectores que conforman nuestro tejido social. En cada comunidad necesitamos líderes capaces de identificar problemas, articular soluciones y movilizar voluntades hacia un accionar altruista.

Un liderazgo socialmente responsable contribuye directamente a reducir desigualdades y fomentar oportunidades reales de crecimiento y bienestar común. El desarrollo de la nación no depende únicamente de los altos cargos, sino del compromiso de cada dominicano con su entorno y su futuro.

El liderazgo gerencial debe asumirse como herramienta fundamental para el desarrollo económico. En la vida productiva moderna, la eficacia constituye una ventaja competitiva decisiva. Los países que hoy destacan como economías emergentes exitosas han invertido en formar líderes con pensamiento crítico y mentalidad innovadora, capaces de gestionar estructuras complejas.

Debemos fomentar líderes con visión amplia y planificación rigurosa; directivos de criterio abierto que promuevan la innovación y la creatividad; gestores capaces de administrar con ética, equidad, calidad humana y transparencia, optimizando los recursos con austeridad y comprendiendo los retos globales, promoviendo además alianzas público-privadas sostenibles.

El crecimiento económico dominicano requiere organizaciones eficientes y productivas, alineadas con los grandes objetivos nacionales. Necesitamos líderes que representen nuestros valores y comprendan que el progreso es una construcción evolutiva, persistente y conjunta.

Todo lo expresado implica que nuestra sociedad debe concretar un compromiso transversal para crear un liderazgo verdaderamente transformacional, capaz de provocar el cambio profundo que el país demanda. Su fortalecimiento no debe verse como un esfuerzo aislado, sino como un pacto moral, estratégico e institucional que atraviese todo el accionar nacional.

Desde las instituciones del Estado, los sectores empresariales, gremiales y académicos, debemos trabajar mancomunadamente para potenciar las capacidades directivas y gerenciales de nuestra gente, creando sinergias y consolidando nuestros valores sociales, humanos y culturales. En este proceso, el crecimiento educativo y formativo resulta fundamental, tema que abordaremos con mayor profundidad en un próximo escrito.

NOTA: El autor, José Santos, es abogado, comunicador, educador, redactor de discursos, asesor de campañas y de gobernanza.”

El 27 de febrero no es una fecha para la nostalgia. Es una fecha para la conciencia. Cada generación recibe la República en custodia y decide, con sus actos, si la fortalece o la debilita.

En 1844, nuestros fundadores comprendieron que la libertad no era un discurso sino una responsabilidad. Juan Pablo Duarte sembró una idea fundada en moral y justicia; Francisco del Rosario Sánchez la sostuvo con valentía; Ramón Matías Mella la proclamó con determinación. No actuaron desde la comodidad, sino desde el deber. No esperaron condiciones ideales. Entendieron que la patria solo sobrevive cuando sus ciudadanos asumen el costo de defenderla.

Hoy no vivimos bajo ocupación militar ni bajo ruptura institucional. Pero enfrentamos riesgos más silenciosos. La normalización del privilegio, la cultura de impunidad y la sustitución de derechos por favores erosionan lentamente la confianza pública. Y cuando la confianza se erosiona, la democracia se vacía por dentro.

La corrupción no solo desvía recursos; fractura la legitimidad del Estado. La impunidad no solo retrasa justicia; envía el mensaje de que el poder no encuentra límites. Cuando no hay consecuencias, la ley pierde autoridad y el ciudadano pierde fe. Y una República sin confianza no se derrumba de inmediato: se debilita hasta que deja de defenderse.

La libertad rara vez desaparece de golpe. Se reduce cuando aceptamos como inevitable lo que es corregible. Se erosiona cuando intercambiamos participación por comodidad. Se diluye cuando el voto se convierte en transacción y no en decisión moral. Ninguna democracia se pierde en un día; se deteriora cuando la ciudadanía renuncia a su vigilancia.

Lo vemos en el joven que trabaja sin encontrar oportunidades reales de progreso. En el pensionado que teme que su retiro no le garantice dignidad. En la madre que necesita intermediación política para acceder a servicios que deberían ser derechos. No son casos aislados. Son señales de alerta institucional.

Nuestra Constitución es clara: la soberanía reside en el pueblo. Elegir y ser elegido no es un trámite; es la expresión concreta de la dignidad política. Un Estado Social y Democrático de Derecho no vive en el papel. Vive en instituciones independientes, reglas iguales para todos y consecuencias reales para el abuso. La reforma institucional no es un deseo retórico: es una tarea posible cuando existe voluntad cívica organizada. Y hoy el desafío es liberarnos del corporativismo, del clientelismo y de los privilegios, para volver plenamente al mandato constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho.

No se trata de confrontación estéril ni de discursos incendiarios. Se trata de formación, organización y responsabilidad. Se trata de garantizar mérito en la función pública, transparencia en la contratación, auditorías independientes y rendición de cuentas efectiva. Y eso empieza por lo verificable: publicación íntegra de contratos y anexos, auditorías con resultados públicos y consecuencias ejecutadas cuando haya abuso. La República no puede ser plataforma de privilegios; debe ser garantía de derechos.

El Foro y Frente Cívico y Social reafirma su compromiso de seguir formando ciudadanía, promoviendo veeduría social y convocando a los dominicanos a organizarse en sus comunidades. Allí comienza la defensa real de la soberanía. Allí se construye la fortaleza institucional que hace sostenible la libertad.

Cada generación enfrenta su propia prueba histórica. La nuestra no exige fusiles; exige carácter. No demanda gritos; demanda coherencia. Duarte enseñó que la política sin moral degenera. Sánchez recordó que la libertad requiere firmeza. Mella demostró que la determinación colectiva cambia el rumbo de la historia.

Las próximas decisiones nacionales reflejarán el nivel de conciencia que construyamos hoy. Si fortalecemos ciudadanía, fortaleceremos democracia. Si elevamos el estándar ético, consolidaremos institucionalidad. Si convertimos el voto en decisión moral y no en intercambio circunstancial, honraremos el sacrificio de quienes nos legaron esta nación.

La República no necesita salvadores providenciales. Necesita ciudadanos conscientes de que el poder legítimo nace en la ley y se sostiene en la participación organizada. Ningún sistema de privilegios resiste una ciudadanía madura. Ninguna práctica clientelar sobrevive cuando la conciencia se activa.

El 27 de febrero no es una ceremonia. Es un compromiso.

La historia no preguntará qué celebramos. Preguntará qué defendimos. Y preguntará si estuvimos a la altura del legado que recibimos.

Porque la República no se hereda como un objeto. Se defiende como un principio. Y los principios no se negocian.

Despierta, RD!

Nuestra nación no pierde su libertad de golpe. La pierde cada día en la indiferencia, en la resignación y en la delegación pasiva de la responsabilidad histórica. Hoy, la República Dominicana enfrenta un momento crítico: generaciones enteras han sido educadas para sobrevivir, no para decidir; para recibir migajas, no para exigir justicia; para mirar desde la grada, no para protagonizar la historia.

La transformación del ciudadano en espectador no es casualidad: termina operando como un diseño funcional al abuso: mantenernos cansados, divididos y desorientados mientras sectores políticos y económicos consolidan su poder sobre lo público. No se trata solo de corrupción visible; la tragedia más profunda es la corrupción estructural que roba identidad, carácter y propósito. Cuando se roba la identidad de un pueblo, se roba también su futuro.

El método es constante y silencioso. Servicios deficientes, educación precaria, salarios insuficientes y cultura del “parche” acostumbran al pueblo a aceptar migajas como logros. Los derechos se convierten en favores y los favores en cadenas. Se gobierna desde el miedo, la ira y la desesperanza: emociones que paralizan la razón y apagan la acción consciente. Una sociedad así observa, pero no ve; oye, pero no comprende; se indigna, pero no persiste. Además, la conversación pública se manipula con propaganda, desinformación y distracciones que terminan por cansar, dividir y confundir.

Y sobre esta realidad se instala la mentira más peligrosa: “Esto no se puede cambiar”. La partidocracia teme al ciudadano despierto, no al pobre; teme al que, informado y organizado, exige justicia. Por eso termina alimentando desesperanza y cinismo. Sin embargo, la historia nos enseña que los pueblos despiertan cuando deciden actuar.

Para nosotros, el símbolo es el 27 de febrero de 1844, cuando Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella demostraron que la libertad no nace de la comodidad ni de la obediencia, sino del sacrificio, la disciplina y la organización moral. Ellos no esperaron que otros resolvieran el problema: asumieron la responsabilidad de cambiar el rumbo.

Hoy enfrentamos un desafío semejante, aunque distinto en sus formas. La dominación ya no llega solo con fusiles ni invasiones militares; también llega mediante estructuras de control financiero, contratos de largo plazo y alianzas público-privadas que pueden erosionar la soberanía cuando la ciudadanía pierde vigilancia y promueven dependencia. La captura puede ser pacífica y silenciosa, pero igualmente efectiva: convierte derechos en privilegios, dignidad en favor y futuro en incertidumbre.

El asistencialismo convertido en instrumento político refuerza esta trampa: carencias estructurales, alivio temporal, obediencia, silencio y perpetuación de pobreza. Eso no es justicia social; es clientelismo. Cuando se suman instituciones duplicadas, nóminas infladas, contrataciones opacas y controles débiles, el Estado se transforma en botín. La pregunta no es si tenemos recursos; es si tenemos carácter.

El cambio exige un ciudadano protagonista. Uno que entienda que sus derechos son límites que el poder no puede violar y que sus deberes son la disciplina que sostiene la convivencia. Que actúe con constancia, no con ruido. Que vigile contratos y resultados. Que forme parte de veedurías locales. Que vote con conciencia, no con gratitud fingida.

Necesitamos un ciudadano nuevo: manso ante Dios, firme ante la injusticia; que no intercambie dignidad por favores ni normalice la corrupción como “viveza”. La libertad no se sostiene con discursos; se sostiene con carácter. Y el carácter se forja en la familia, la comunidad, la educación y la fe auténtica.

Recuperar la patria también es recuperar la identidad y la memoria. Una nación sin símbolos ni historia es fácil de manipular. La patria no es un eslogan: es un hogar colectivo, un legado de sacrificio y un compromiso con el futuro. La enseñanza de Duarte sigue vigente: un país solo permanece libre si sus ciudadanos viven con moral, justicia y amor a la nación.

El camino de liberación es claro y práctico.

Primero: conciencia cívica. Conocer derechos y deberes, aprender a fiscalizar y exigir información pública.

Segundo: control institucional. Justicia independiente, auditorías verificables y consecuencias reales por abuso de poder.

Tercero: dignidad social. Trabajo decente, servicios públicos como derechos, educación y salud como patrimonio de la ciudadanía.

Cuarto: organización comunitaria. Liderazgo moral local, veedurías efectivas, redes de vigilancia y acción cívica sostenida.

El punto de quiebre está frente a nosotros: pasar de la comodidad del espectador a la responsabilidad del protagonista. El precio del cambio no es violencia ni odio; es disciplina, constancia y vigilancia. Es dejar de premiar la viveza y empezar a honrar la honestidad.

Desde el Foro y Frente Cívico y Social llamamos a formar y organizar ciudadanía en cada localidad. Allí nace la República que debemos rescatar; allí comienza la liberación verdadera.

El amanecer no llega solo. Llega cuando una sociedad deja de mirar desde la grada y entra al terreno de la responsabilidad histórica. Cuando eso ocurre, el ciudadano deja de ser espectador, la nación deja de ser botín y la patria vuelve a ser proyecto común.

El reloj de la libertad sigue marcando. Su permanencia depende de nosotros: de nuestra conciencia moral, nuestra fe y nuestra valentía. Porque cuando un pueblo vuelve a la verdad, deja de ser manipulable; cuando se organiza, deja de ser presa; cuando mantiene su carácter, la dignidad reemplaza al ocaso.

Del ciudadano espectador al ciudadano protagonista. Del silencio a la conciencia nacional que hace historia.

Despierta RD

El ministro Eddy Olivares destacó que entre febrero de 2025 y febrero de 2026 el salario mínimo aumentó un 20% nominal en todos los tamaños de empresas, benefiando directamente a alrededor de un millón cuatroscientos mil trabajadores. Explicó que "este aumento favorecerá directamente a cerca del 60% del empleo formal en la República Dominicana, lo cual está enmarcado en la política del presidente Luis Abinader, de dignificar el empleo, reducir brechas sociales y construir un mercado laboral más justo y sostenible".

El ministro agregó que se trata de un aumento salarial que fortalece el poder adquisitivo y combate la pobreza en la población trabajadora, al tiempo de señalar que iniciándose el 2026, "la República Dominicana da un paso firme hacia la mejora de las condiciones de vida de miles de trabajadores con la aplicación total de este aumento al salario mínimo, aprobado en la mesa del diálogo tripartito en el Comité Nacional de Salarios".

Hablando de la efectividad y de los números exactos, tenemos que los trabajadores de las empresas grandes tendrán en lo adelante un salario de  RD$ 29,988.00, para un aumento de RD$ 4,998, los de las medianas RD$ 27,489.60, un aumento de RD$ 4,582.00, las pequeñas, RD$ 18,421.20, un aumento de RD$ 3,070, y las micro 16,993.20, para un aumento de 2,832.00.

Solo cabe esperar que estas disposiciones sean bien escogidas por todo el empresariado nacional, algo con lo que el ministro Olivares se mostró esperanzado. Igualmente esperamos que no se desate un proceso inflacionario que elomine éstos beneficios salariales, que la clase más pudiente del país no le juegue sucio a los más vulnerables.

Muy cordialmente

 José Vicente Calderón R.