Notas RD

Destacó que una forma efectiva de prevenir el delito es poniendo en conocimiento a los munícipes sobre la nueva normativa que entró en vigencia con más de 60 tipos penales

El titular valoró el entusiasmo con que los participantes se desbordaron haciendo preguntas de su interés sobre la nueva normativa penal. Al final el titular, Dante Castillo, agradeció la receptividad e interés que mostró él alcalde de Azúa, el Ingeniero Rafael Antonio Hidalgo Fernández, quien obsequió un refrigerio a los participantes, al tiempo que declaro que el local del Ayuntamiento está a disposición de la Fiscalía para cualquier actividad de esta naturaleza que lo requiera.

La actividad fue realizada el pasado viernes, en salón de actividades del Municipios cabecera de provincia.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, los jueces de un tribunal de La Altagracia condenaron a 30 y 20 años de prisión a cinco hombres hallados culpables de cometer intento de asesinato y delitos de drogas.

Orlando Cedeño Acosta (el Light) y Omar Antonio de la Cruz (Ñoño) fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por intento de asesinato, mientras que Esterlin Rikervin Vilorio (Gafita) fue sentenciado igualmente a 30 años por patrocinio de drogas. También, fueron condenados Neifi Neftalis Núñez y Joan Eusebio a 20 años de prisión por tráfico de drogas.

El grupo formaba parte de una red que se dedicaba al secuestro, robo, sicariato, porte y tenencia de armas de fuego ilegal, y al tráfico de drogas y sustancias controladas, según consta en el expediente acusatorio instrumentado por los fiscales Rony Yordany Mercedes y Aneurys Castillo de Jesús.

Los fiscales litigantes Luis Omar García y Hendrich Ramírez presentaron la acusación ante los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Altagracia, Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte.

La Fiscalía de La Altagracia, conjuntamente con agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dicrim), del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y de la Dirección Central de Inteligencia Sensitiva, desarticuló la red del crimen organizado, dirigida, patrocinada y coordinada por el ahora condenado Esterlin Rikervin Vilorio.

El expediente señala que los procesados coordinaron asesinar al señor Joel de Jesús Rodríguez Durán, para lo cual rentaron varios vehículos que usaron también para el traslado de sustancias controladas.

Los procesados alquilaron un apartamento en el sector Evaristo Morales, del Distrito Nacional, que utilizaron como centro de acopio y almacenamiento de las armas de fuego y las sustancias controladas, así como también las vestimentas y diferentes artículos utilizados en el intento de asesinato.

Detalla que, utilizando armas de fuego de manera ilegal, los procesados cometieron el intento de asesinato el día 25 del mes de marzo del año 2023, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, luego de interceptar a la víctima Joel de Jesús Rodríguez Durán mientras transitaba en un vehículo marca Volkswagen, de color Blanco, por la calle Tercera del sector Villa Cristal del municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

Los procesados se desmontaron de dos vehículos en que se desplazaban y le dispararon a la víctima, quedando la acción grabada en vídeos de cámara de seguridad de la zona. Al ser inspeccionada dicha escena, fueron recolectados por agentes policiales la cantidad de diecisiete (17) casquillos de armas de fuego.

Durante las pesquisas a los ahora condenados también les fueron ocupados 17.75 kilogramos de cocaína clorhidratada y 2.29 kilogramos de metilendioximetanfetamina (MDMA) (éxtasis), conforme al Certificado de Análisis Químico Forense No. SC1-2023-03-01-005452, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Igualmente, les fueron incautadas varias armas de fuego, incluyendo una pistola marca Glock 19, con su cargador y ocho (8) cápsulas calibre 9mm, una pistola marca Taurus, calibre 9mm, con su cargador y quince (15) cápsulas para la misma, una pistola marca Smith and Wesson, color negro con gris, calibre 9mm, con su cargador y catorce (14) cápsulas para dicha arma, así como una escopeta, calibre 12mm, marca Mosberg. Además, fueron ocupados dos cuchillos.

En el transcurso de la operación también fueron incautados varios vehículos, teléfonos celulares, prendas de vestir, diferentes documentos, así como dinero en pesos y dólares.

Por este caso, Vilorio cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, en Santo Domingo, mientras que Cedeño Acosta, De la Cruz, Núñez y Eusebio se encuentran recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en el municipio de Higüey, en la provincia La Altagracia.

LA ALTAGRACIA.-  El segundo tribunal colegiado de esta provincia impuso este miércoles medida de coerción, contra el comunicador Jefte Ventura al reconocer el delito de difamación  e injuria,  en contra de la empresa PETROMOVIL.

El juez Victor Camacho Padua, impuso al comunicador, impedimento de salida, una fianza de un millón de pesos y alejamiento inmediato de dicha empresa.

Durante la audiencia, la fiscalía decidió retirar el pedimento de prisión preventiva que había solicitado en contra del comunicador, luego de presentar vídeos, audios y documentos,  donde se demostró la difamación por parte del Jefte Ventura  a PETROMOVIL.

El tribunal de Higuey al deliberar, encontró valor en las pruebas presentadas por la parte querellante,  en el delito de difamación. Jefte Ventura quedó bajo arresto, hasta tanto sus abogados paguen la garantía económica de un millón de pesos, interpuesta por el tribunal.

La condena de 30 años de prisión fue impuesta contra Raulyn Martínez de la Cruz, mientras que 20 años de prisión y el pago de una indemnización de 10 millones de pesos fue dictada en contra de Nervin Alcequiez Hilario, hijo del occiso.

Ambos fueron condenados por la muerte de los señores Santos Alcequiez y Miriam Altagracia Grullón Liz, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en dicho establecimiento el 30 de marzo de 2022, un día después del crimen.

El expediente acusatorio detalla que los hechos ocurrieron en dicho establecimiento alrededor de las 10:30 de la noche del 29 de marzo de 2022. Martínez de la Cruz penetró a dicho lugar luego de realizar una negociación con Alcequiez Hilario, mediante la cual este le encargaba matar a su padre a cambio de la suma de 400 mil pesos para sustraer documentaciones de unas propiedades.

Dos semanas antes de que ocurrieran los hechos, Alcequiez Hilario le proporcionó la suma de doscientos cincuenta mil pesos (RD$250,000) a Martínez de la Cruz, además de un arma de fuego para la comisión de los hechos.

Al día siguiente de ejecutar los crímenes los dos procesados se reunieron, procediendo Martínez De La Cruz a hacerle entrega a Alcequiez Hilario del arma de fuego, mientras que este último le hizo entrega de la suma de RD$150 mil pesos como pago final.

La calificación jurídica del hecho punible está establecida en los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal dominicano.

Martínez de la Cruz deberá cumplir la sentencia en la Fortaleza Olegario Tenares, de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, mientras que Nervin Alcequiez Hilario la cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, de  San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La procuradora fiscal Odalis Mercado Morris tuvo a cargo la litigación del caso, cuya investigación fue realizada por la fiscal Helaynne Guzmán de Jesús.

El Tribunal Colegiado de María Trinidad Sánchez, presidido por Salma Bonilla Acosta, dictó la sentencia condenatoria basado en los elementos de pruebas aportados por el Ministerio Público.

El depósito se realizó en la sede de la Suprema Corte de Justicia, con la presencia de jueces de distintas demarcaciones del país, quienes acompañaron el proceso como muestra del interés que ha generado esta elección dentro del estamento judicial.

Ozuna Mercedes, juez de carrera con más de 15 años de servicio en el Poder Judicial, expresó que su postulación responde a la necesidad de una representación cercana, responsable y comprometida con la institucionalidad, en apego a los principios que rigen la función pública y la administración de justicia.

Su candidatura se sustenta en el lema “Merecemos voz y representación. Es hora de ser parte.”, y plantea como ejes fundamentales el fortalecimiento de la carrera judicial, la aplicación de reglas claras y objetivas en los procesos de ascenso, traslado y suplencias, así como una representación con rendición de cuentas ante el colectivo de jueces de paz.

La elección de los representantes ante el Consejo del Poder Judicial está contemplada en la Constitución de la República y en las leyes vigentes, como un mecanismo para garantizar la participación de los distintos niveles de la judicatura en el órgano encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial.

Tony Augusto Jiménez Faña fue condenado al establecer el órgano acusador que le ocasionó la muerte a causa de múltiples heridas de arma blanca a su expareja Elianny Ironelis Cruz.

El fiscal Víctor Manuel Moreno Peguero estuvo a cargo de la investigación y litigación de este proceso.

El hecho ocurrió la madrugada del 24 de septiembre de 2024. Previamente, la noche del 23 de septiembre, el ahora condenado se había presentado a la casa de su expareja, bajo los efectos del alcohol, advirtiéndole a la actual pareja de ella “que saliera del lugar, que cuando él regresara lo iba a matar”.

Ante la advertencia, el hombre pidió a su pareja que se fueran del lugar,  pero ella se mantuvo en la vivienda, mientras él se marchó.

Posteriormente, Jiménez Faña acudió de nuevo a la vivienda de su expareja, alrededor de la 1:00 de la madrugada del 24 de septiembre de 2024, armado con un colín, el cual había afilado momentos antes. Al llegar a la vivienda rompió el cristal de la persiana delantera, por lo que la víctima salió para tratar de convencerlo de que se retirara. Aunque ella intentó detenerlo, el victimario penetró a la fuerza al lugar y la hirió con el arma en diferentes partes del cuerpo.

Después, según indica el expediente, la mujer salió corriendo, pidiendo auxilio a los vecinos, refugiándose en la casa de una pareja cercana a su vivienda, siendo perseguida por el procesado, quien continuó atacándola.

La mujer falleció a causa de heridas punzopenetrantes múltiples por arma blanca en tórax anterior y posterior, ambos brazos y hombros, herida contusa cortante por arma blanca en cuello lateral izquierdo, según consta en un certificado médico legal.

Jiménez incendió la vivienda de su expareja, mientras la víctima yacía en el suelo de la casa de sus vecinos. Una vez las autoridades se enteraron de la ocurrencia del hecho se inició la persecución en contra del condenado, quien momentos después fue arrestado en una planta de gas de la ciudad de Nagua.

Los jueces del Tribunal Colegiado de María Trinidad Sánchez, Salma Bonilla Acosta (presidenta), Luz Mariel Santos y Argentina Tejada, dictaron la sentencia condenatoria por la violación de los artículos 295, 296, 297, 298 302 y 304 del Código Penal dominicano.

Jiménez Faña deberá cumplir la pena impuesta en la Fortaleza Olegario Tenares, en el municipio Nagua.

Los compradores de metales en Haina, aseguran que las acciones de alegados allanamientos, raya en atropellos innecesarios, tras asegurar que no compran objetos de procedencia dudosa.

José Rossi, miembro de la Asociación de Metaleros, denunció que han sido víctimas en reiteradas ocasiones de allanamientos ilegales y apresamientos abusivos, siendo muchos de ellos fichados con expedientes fabricados, lo que deploró está afectando la moral y vida de trabajo de cientos de hombres y mujeres serios que viven de esa labor.

De su lado, Emilio Montero y Santo Reynoso, explicaron que han sido detenidos varias veces sin que se le haya ocupado ninguna evidencia que lo comprometa judicialmente, ya que aseguran realizan un trabajo digno para llevar el sustento a sus familias.

Ante esta situación, el Coordinador para la región sur del  Comité Dominicano de los Derechos Humanos y abogado, doctor Carlos Sánchez, advirtió que recurrirán  legalmente contra estos atropellos, que ocurren a espalda de la Procuradora Fiscal Ramona Santana, quien aseguró actuar apegada a la Constitución y las leyes  por lo que demandó su intervención para frenar esa práctica que podría empañar su gestión. 

De su lado, el también activista de los Derechos Humanos, Jhonatan Báez, demandó la intervención de la Procuradora Genereal de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que ponga fin a estas acciones y se actúe en consecuencia contra los responsables de cometer estas anomalías.

Monte Plata.- Este lunes exalcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte, alias "Opi”, regresa al banquillo de los acusados, para escuchar la sentencia que dictará el Tribunal Colegiado de Monte Plata, en un nuevo juicio que se le sigue por su supuesta participación como patrocinador y autor intelectual del asesinato del regidor y compañero del  Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Renato De Jesús Castillo Hernández.

Nelson Sosa Marte es acusado de haber  pagado para matar a Renato Castillo Hernández, porque éste venía denunciando prácticas de corrupción en el ayuntamiento de Bayaguana, razón que lo llevó a tomar la desafortunada decisión. en un acto de intolerancia, pagar a sicarios para la ejecución física del malogrado regidor.

La parte acusadora integrada por el Ministerio Público, querellantes y actores civiles, ya terminaron con la presentación e incorporación de todo su elenco probatorio, consistente en pruebas testimoniales, materiales, periciales documentales y audiovisuales. Asimismo,  la defensa de Nelson Sosa Marte terminó con la presentación de sus pruebas testimoniales.

Entre las pruebas a destacar, incorporada por el Ministerio Público se encuentra el revólver identificado como el arma homicida, marca Cocoa, el cual fue recuperado en la finca propiedad de Nelson Sosa Marte, donde el mismo tiene una fábrica de espuela plástica de gallo llamada "La Princesa",

En dicho  lugar,  vivía el empleado del exalcalde y subdirector de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Bayaguana, Rafael Eladio Olivo Javier, quien se encuentra cumpliendo una condena de 20 años de reclusión por su participación en el asesinato del regidor Renato Castillo.

Recordar que el 6 de abril del 2021, Sosa Marte fue declarado culpable junto a otros cinco implicados en el asesinato del regidor Renato Castillo, pero en ese mismo año,  la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo descargó al exalcalde, mientras que, mediante la misma sentencia le fue confirmada la condena a los demás imputados, cuya decisión generó controversia y críticas alusivas a que la misma tiene su origen en influencias ejercidas por padrinos por exalcalde de Bayaguana.

La cuestionada decisión que descargó a Nelson Sosa Marte, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, fue revocada por la Suprema Corte de Justicia.

El regidor Renato De Jesús Castillo  Hernández fue asesinado el 25 de junio de 2014, mientras compartía con amigos en el municipio cabecera de Monte Plata. 

Raysa Julieta Acosta, viuda y madre de tres hijos procreados con el regidor asesinado,  denunció que a 11 años del vil asesinato de su esposo, Renato Castillo, no se ha hecho justicia.

"Sólo los obreros de esté horrendo crimen están cumpliendo condena, mientras que el ex alcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte (Opi), quien pagó para que mataran a mi marido, se ha burlado de la justicia, de la sociedad, de mis hijos, riéndose en nuestra cara en las audiencias, ante los amarres y padrinos que lo protegen" expresó Raysa Acosta, viuda del regidor.

Raysa Acosta, hizo  un llamado al presidente de la República, a la procuradora Yeni Berenice Reynoso y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry  Molina, para que este crimen no quede impune.

"Yo, mis hijos y la sociedad esperamos que esta vez el dinero y el poder no terminen corrompiendo y derrotando a la justicia" manifestó la viuda del regidor asesinado.

El juicio continúa mañana lunes a las once de la mañana (11:00 A.M.), por lo que la viuda del edil malogrado compartió que conserva la fe y la confianza en la justicia de que las juezas que conocen del nuevo juicio condenarán a 20 años de prisión a Nelson Osvaldo Sosa Marte, como sucedió en el primer juicio, en el 2021.

Se recuerda que por el hecho fueron sentenciados a 20 años de prisión Rafael Eladio Olivo Javier  y Fredy Alberto de la Cruz, en tanto Marcial Cuello Soto (Prieto) y Yolkis Severino Alberto (Coqui) recibieron condenas de 30 años, mientras Dauris de la Cruz (Dawri) fue condenado a 10 años por su participación en el asesinato del regidor, abogado, dirigente comunitario y atleta, Renato De Jesús Castillo Hernández.

En la actualidad el excalcalde Sosa Marte milita en el Partido Fuerza del Pueblo (FP), quien buscar volver como candidato a presidir el Ayuntamiento de Bayaguana en la próxima elecciones del 2028.

El juez de ese tribunal dictaminó, que la señora Elvira Ramírez deberá presentarse periódicamente los días 30 de cada mes a firmar el libro de visitas periódicas en la Procuraduría Fiscal de Higüey.

De igual forma, dijo que la decisión judicial tiene como objetivo garantizar la comparecencia de la imputada durante el proceso penal en su contra.

Se recuerda que en noviembre del año pasado, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Higüey, provincia La Altagracia, impuso la medida de coerción contra (Arelis Fuller), viuda del fallecido Merle Wayne Fuller.

La imputada por abuso de confianza en la sucesión Fuller enfrentó la imposición como parte del proceso que enfrenta por irregularidades dentro de la sucesión de los bienes de la familia Fuller, según el expediente 187-2024-EPEN-01173, interpuesto por los familiares del fallecido, representado por el licenciado, Ángel Rafael Santana Tejada y un grupo de abogados. 

Santana aclaró que, la imputada intenta con una serie de artimañas, librarse del proceso. 

De igual forma, el equipo legal de la familia Fuller interpuso varias querellas adicionales, que incluyen pruebas documentales y testimonios que, según los abogados de la familia, demuestran un patrón de comportamiento irregular por parte de la imputada en la administración del patrimonio familiar.

Según los abogados de la familia Fuller, el caso dio lugar a la presentación de una extensa querella de 116 páginas, acompañada de 47 testigos y más de 900 pruebas documentales.

Destacan que las pruebas incluyen actos de venta, recibos de pagos, estatutos de las sociedades comerciales de la familia y transacciones que, a su juicio, han sido mal manejadas por la señora Ramírez Concepción, quien además contrajo matrimonio con el difunto Fuller bajo un régimen de separación de bienes y un acuerdo prenupcial en los Estados Unidos.

El equipo legal de la familia Fuller lo integran los abogados, Ángel Rafael Santana Tejada, Carlos Manuel Báez López, Juan Taveras, Hernan Santana, Pedro Vásquez Lora, José Hilario Germán, Juan Francisco Consoro, Marcelino Vargas, Juan María Cordones y Glenni Ysabel Núñez.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a un tribunal que imponga prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres hombres vinculados al tráfico de drogas, que fueron arrestados tras ejecutarse una orden de allanamiento en una vivienda del municipio Santa Bárbara, en la provincia Samaná.

En la instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa provincia el órgano persecutor solicita que se le imponga la medida privativa de libertad a los imputados Norki Noel Encarnación, Jan Carlos Encarnación y Johangel Arias Encarnación.

La audiencia fue fijada para este miércoles, 2 de julio, a partir de las 9:00 de la mañana.

Durante el operativo se ocuparon más de dos kilogramos de cocaína y varias porciones de marihuana del tipo zaza.

En el transcurso de la intervención también fue incautada un arma de fuego, radios de comunicación, balanzas digitales y vehículos. El Ministerio Público detalló que los detenidos formaban parte de una estructura organizada para la distribución de sustancias controladas.

Waster Rafael Mancebo Pérez fue hallado culpable del asesinato del ciudadano alemán Gunther Holger Botschek, ocurrido en una vivienda del referido sector tras registrarse una disputa por dicho inmueble.

En el proceso se estableció que el condenado falsificó un contrato de venta del solar propiedad del extranjero en el año 2021, cuya firma fue verificada como no auténtica por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Con relación al caso, el expediente instrumentado por el fiscal Julio César Gómez Quintana, señala que el cuerpo sin vida del señor Botschek fue encontrado en dicha vivienda con evidentes signos de violencia y una herida punzante en la región occipital del cráneo.

Junto al cadáver se encontraba el hoy condenado Mancebo Pérez, con manchas de sangre en sus manos y uñas, en actitud evasiva.

El informe de autopsia judicial No. 043-2023, emitido por Inacif, indica que la muerte fue causada por un trauma contuso múltiple severo, producto de golpes que les fueron propinados con objetos contundentes.

El cuerpo además presentaba signos de estrangulamiento, múltiples laceraciones en tórax, cuello, rostro y otras partes del cuerpo, siendo el mecanismo de muerte hipoxia cerebral, la cual fue calificada como una muerte violenta de etiología médico-legal homicida.

El Ministerio Público, representado en audiencia por la fiscal Karen Lidia Santana, demostró la culpabilidad del condenado ante el tribunal que preside la magistrada Jakayra Veras, quien acogió como buenas y válidas las pruebas periciales, materiales, testimoniales y audiovisuales aportadas por el órgano acusador.

El  hecho recibió la calificación jurídica de violación a los artículos 150, 151, 295, 296 y 302, los cuales sancionan los delitos de asesinato, falsificación y uso de documentos falsos, tipificados en el Código Penal Dominicano.

La condena impuesta deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata.

La acusación, presentada por la fiscal investigadora Marianny Camilo, establece que el sentenciado, Winston Yerei de la Rosa, sorprendió al abogado Félix Alberto de Jesús mientras se encontraba fuera de su vehículo esperando a una persona que le había realizado labores de agricultura y, en ese momento, el agresor, junto a otros acompañantes, lo abordó y le disparó en la cabeza para sustraer su arma de fuego.

Durante el juicio, los fiscales litigantes Nicasio Pulinario, Sugely Valdez, Francheska Alcántara y Vilma Méndez presentaron diversas pruebas, entre ellas, testimonios, documentos y peritajes, que demostraron de manera contundente la responsabilidad penal del acusado.

Entre las pruebas periciales presentadas, el Ministerio Público incluyó el proyectil extraído de la región occipital izquierda del cerebro de la víctima. Dicho proyectil correspondía a una pistola calibre 380 milímetros, la misma utilizada por el condenado en otro hecho delictivo en el que resultó muerto el coronel Enrique Portes Díaz durante un atraco.

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, presidido por Julio de los Santos Morlan e integrado por las magistradas Sandra Josefina Cruz Rosario y Clara Yoselin Rivera, encontraron al acusado culpable de violar los artículos 265, 266, 295, 304, párrafo II, y 379 y 385 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican el robo agravado, el homicidio y la asociación de malhechores.

Winston Yeremi de la Rosa deberá cumplir la sentencia condenatoria en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal

La Mesa está encabezada por el procurador general de corte y titular de la Proedemaren, Francisco Contreras Núñez y por el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Henríquez, acompañados de Teodoro Escaño y Jesús Joaquín Gómez Cruz, de la Red de Periodismo Ambiental, y Angel Gomera, director de Prevención, Políticas Ambientales y Proyectos de la Proedemaren, entre otros. 

La misma responde al compromiso asumido por la Procuraduría General de la República (PGR) para la construcción de una ciudadanía comprometida con un cambio de vida consciente, enfocada en la consecución de un ambiente sano.

Esta Mesa de Coordinación Interinstitucional va acorde con el cumplimiento a las instrucciones de la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, de tener un Ministerio Público cercano a la ciudadanía y sujeto a nuestro objetivo específico no. 2, del Plan Operativo Anual (POA).

“Este Plan Operativo, establece la ejecución de un programa de prevención de los conflictos ambientales, dentro del cual hemos venido realizando alianzas interinstitucionales e intersectoriales con instituciones públicas y privadas; organizaciones sociales y de base comunitaria; a través de la habilitación de la Mesa de Coordinación Interinstitucional, con el objetivo de coordinar y dar seguimiento al desarrollo del programa preventivo de los conflictos y delitos ambientales de la comunidad”, expresó Contreras.

El titular de la Proedemaren detalló, que, a través de esta iniciativa conjunta, se busca impactar a gran parte de la población dominicana, facilitando procesos de formación en materia de preservación y protección al medio ambiente y los recursos naturales.

De su lado, Henríquez, presidente del CDP, valoró como altamente positivo el que se integre a la ciudadanía a esta cruzada, “por demás patriótica”, para aunar esfuerzos conjuntos para la protección del medioambiente, de ahí que expresan satisfacción por esta alianza, además de comprometerse como entidad que aglutina a todos los periodistas del país a continuar ampliado, fortaleciendo e integrando a otras entidades de la sociedad civil a esta iniciativa”.

De su parte, Escaño, de la Red de Periodismo Ambiental, puntualizó que está red “contribuirá a aumentar el alcance de las acciones en favor del medioambiente, promoviendo una ciudadanía informada, responsable y comprometida con la sostenibilidad”.

La Mesa Interinstitucional es un espacio de articulación de actores sociales y gubernamentales, que busca incidir en la generación de una cultura de protección del medio ambiente y los recursos naturales, y de la construcción de una ciudadanía que haga sostenible las estrategias y acciones, desde una mirada de derechos y deberes, destinadas a mejorar las condiciones socioambientales en la República Dominicana.

La Mesa de Coordinación Interinstitucional, además, tendrá la tarea de orientar a la ciudadanía para que contribuya en denunciar los delitos ambientales, fortalecer la educación ambiental como eje transversal en la protección y cuidado del ambiente y los recursos naturales; así como la promoción de la resolución de los conflictos ambientales desde la óptica comunitaria, facilitando con ello el convivir pacifico de la ciudadanía.