Notas RD

Las naciones no pierden su libertad en un solo día. La pierden cuando dejan de defenderla todos los días. Y la República Dominicana enfrenta hoy uno de esos momentos en que la historia no pregunta si somos optimistas o pesimistas: pregunta si somos responsables.

En silencio —sin estruendo, sin fusiles, sin ocupaciones militares— se ha instalado un modo de gobernar que traslada decisiones estratégicas a contratos de largo plazo, alianzas público‑privadas, fideicomisos y estructuras “corporativas” que, cuando no están sujetas a control ciudadano real, terminan concentrando poder, rentas e influencia en pocas manos. La soberanía se erosiona cuando el pueblo pierde acceso, comprensión y control sobre lo que le pertenece.

Bajo discursos de modernización, eficiencia y crecimiento, se han expandido mecanismos que socializan riesgos y privatizan beneficios. Se promete progreso, pero se normaliza un patrón donde el Estado asume la carga y una minoría captura la renta. Ese patrón se vuelve más grave cuando el endeudamiento limita el margen para invertir en lo esencial, y cuando exenciones y subsidios se vuelven permanentes sin evaluación pública transparente. La pregunta no es ideológica: es republicana. ¿Quién paga la factura? La paga el ciudadano común, con servicios frágiles y con un Estado cada vez menos capaz de protegerlo.

Y la consecuencia más dolorosa no es una estadística: es un rostro. Un país donde demasiados jóvenes quedan fuera del estudio y del trabajo —y donde muchos otros, aun formados, no encuentran oportunidades reales ni un nivel de vida digno— acumula frustración y pérdida de esperanza cívica. Una nación que no puede ofrecer futuro a su juventud compromete su propia continuidad.

Este deterioro no es solo económico o político; es moral, social y espiritual. Un modelo que reduce al ciudadano a espectador y lo público a plataforma de rentas empuja a la sociedad al abismo de la mentira útil, del ego y de la apariencia. Allí donde la justicia se vuelve excepción y la verdad se vuelve propaganda, la democracia se vacía por dentro. Y un pueblo sin verdad no se organiza: se resigna.

Por eso febrero no es un mes decorativo. Febrero es memoria activa. En 1844, Duarte, Sánchez, Mella y los Trinitarios demostraron que la Patria debía ser un proyecto moral antes que un proyecto de poder. La independencia no fue solo expulsar opresores externos; fue afirmar que el bien común debía primar sobre los intereses particulares. Duarte lo advirtió con claridad: la autoridad sin moral y justicia termina traicionando la nación.

Hoy esa advertencia resuena con fuerza, porque el riesgo ya no se presenta como invasión: se presenta como “modelo”. Un modelo sofisticado que captura decisiones estratégicas y oportunidades sociales sin control ciudadano suficiente. Reconocer ese peligro es el primer paso hacia la liberación.

Pero la libertad no se preserva con diagnósticos. Se preserva con acción consciente. Los pueblos que han defendido su soberanía han seguido un camino exigente, pero seguro: despertar la conciencia ciudadana, reconstruir la ética pública y organizar la participación social. Ninguna democracia se sostiene cuando la sociedad renuncia a vigilar el poder.

Liberarse hoy no significa confrontación violenta ni ruptura institucional. Significa rescatar el sentido original de la República: instituciones abiertas, decisiones públicas sometidas al escrutinio ciudadano y políticas orientadas al bienestar colectivo. Significa defender el Estado Social y Democrático de Derecho no como lema, sino como mandato constitucional.

Y esa defensa empieza por lo mínimo indispensable, lo verificable, lo que no admite excusas: contratos completos y anexos públicos; auditorías independientes con resultados comprensibles; y sanciones ejecutadas con evidencia verificable. Si el poder invoca eficiencia, debe mostrar documentos; si invoca el interés nacional, debe abrir la información; si exige cumplimiento, debe exhibir pruebas.

Sin esos candados, lo público se vuelve mercancía y la libertad se reduce a apariencia. Los instrumentos cambian —del grillete a la cláusula—, pero al final producen los mismos resultados. Ayer la opresión se imponía con cadenas y bayonetas; hoy puede imponerse con contratos opacos y estructuras sin control. Cambia el siglo; el daño es el mismo: concentración, dependencia y ciudadanía sin voz.

Como ciudadanos —y como sujetos morales— tenemos una responsabilidad que no se puede delegar ni posponer. Comprender la gravedad de lo que ocurre y abstenerse de actuar es quedar fuera de lugar en el tiempo histórico. Defender la Patria hoy no exige odio ni caos; exige coherencia ética, disciplina cívica y vigilancia permanente.

Desde el Foro y Frente Cívico y Social lo afirmamos con sentido de urgencia y con esperanza: el reloj de la libertad sigue marcando su hora. Febrero nos convoca a despertar. No a gritar más fuerte, sino a pensar más claro. No a odiar, sino a exigir. No a destruir, sino a rescatar la República.

Que este Mes de la Patria sea un llamado a la conciencia nacional. La gran pregunta que enfrenta hoy la República Dominicana no es solo política o económica: es histórica, moral y espiritual. Decidir si seremos la generación que dejó que el reloj de la libertad se apagara, o la generación que lo hizo sonar con la fuerza de la conciencia, la justicia y Dios.

Despierta RD!

El autor es empresario. Reside en Santo Domingo.

Aritmética parda y la historia que cuentan los números

Esta reflexión surge a partir de informaciones publicadas recientemente en la prensa nacional, que han vuelto a colocar en el centro del debate público los esquemas de pago, la intermediación y el uso de los fondos del Estado. No se trata de juzgar personas ni procesos judiciales en curso, sino de analizar patrones estructurales que se repiten con preocupante regularidad.

En muchas discusiones públicas, el énfasis se coloca en el relato: quién dijo qué, quién llamó a quién, o en qué momento ocurrió tal o cual hecho. Sin embargo, el verdadero fondo del problema suele estar en algo mucho más simple y difícil de refutar: la aritmética.

La pregunta esencial es directa:

¿Quién se queda con qué porcentaje y bajo qué justificación?

Cuando se observan esquemas en los que gestores, intermediarios o “facilitadores” reciben porcentajes elevados —40 %, 50 % o incluso más— mientras el fin público recibe una proporción menor, no hace falta un discurso elaborado para identificar la distorsión. No es ideología: son números.

Este tipo de prácticas no surge de la nada. Desde principios de los años 90, el Estado dominicano ha arrastrado un modelo estructural que posterga deudas, traslada compromisos de una gestión a otra y normaliza lo excepcional. Obras no concluidas, expropiaciones pendientes y pagos diferidos se convierten en una carga acumulativa que ningún gobierno logra saldar en su totalidad.

Con el paso del tiempo, se adoptaron decisiones administrativas que, aunque presentadas como soluciones, generaron nuevos incentivos problemáticos. El cierre contable con cuentas por pagar en cero, la centralización de deudas y la creación de fondos para pagos atrasados abrieron espacio a esquemas donde el intermediario pasó a ocupar el centro del sistema, desplazando el objetivo público.

Esta es una opinión, pero sustentada en la observación reiterada de un mismo patrón: cuando el sistema prioriza al gestor por encima del propósito, el resultado es predecible. No importa el partido, el período ni el discurso; el desenlace matemático es el mismo.

Las informaciones difundidas por la prensa nacional, que sirven de inspiración para esta columna, apuntan a modalidades de pago y flujos financieros que —de confirmarse— evidencian una falla sistémica más profunda que cualquier caso aislado. El problema no es solo quién lo hizo, sino qué estructura lo permitió.

En ese contexto, el veto del Presidente a una iniciativa legislativa considerada defectuosa debe entenderse como una decisión acertada y responsible. Vetar no es frenar el progreso; en ocasiones, es evitar la institucionalización de errores que luego se vuelven casi imposibles de desmontar.

Hoy más que nunca, el país necesita auditoría forense, trazabilidad y corrección estructural, no nuevos relatos que intenten justificar lo injustificable. Existen las herramientas técnicas para hacerlo; lo que se requiere es voluntad.

Al final, la aritmética no miente.

Los discursos cambian, los nombres pasan, pero los números —cuando se revisan con seriedad— siempre terminan contando la verdad.

Entonces, el pasado 22 de diciembre de este año, el 2025, conmemoramos el 170 aniversario de las Batallas de Santomé y Cambronal, que son las que conocemos como las Batallas Gemelas, libradas simultáneamente en distintos puntos de nuestra frontera sur.

Y sigo citando a este ex militar, un militar de carrera, Zorrilla Ozuna, quien luego de pasar a la vida civil ha devenido en un sobresaliente dirigente y líder político, fundador y presidente del Partido Cívico Renovador, intelectual y conferencista.

"En defensa heroica de la soberanía y consolidación de nuestra independencia nacional, estas epopeyas gloriosas, ocurrieron en un momento crucial del proceso de afianzar nuestra independencia, apenas 11 años después de la proclamación del Estado Dominicano el 27 de febrero de 1844. En donde la joven república enfrentaba constantes episodios de invasión por parte de Haití, entonces gobernado por el Emperador Faustino Soulouque, quien dirigió sucesivas campañas militares buscando reincorporar la parte este de la isla a la República de Haití".

“La Batalla de Santomé, magistralmente dirigida por el general José María Cabral, constituye una de las mayores hazañas militares dominicanas del siglo XIX. Simultáneamente, en Cambronal, las armas dominicanas, bajo el mando del valeroso general Francisco Sosa, lograron contener y derrotar a las tropas haitianas, dirigidas por el general Pierre Riviere Garat. Estas victorias complementarias sellaron jornadas históricas demostrando inequívocamente, que nuestra independencia no era un acto aislado, sino una conquista real, que sería defendida con sangre, sacrificio y determinación.”

Muy cordialmente,

Jose Vicente calderón R.

Recientemente el Senado de la República, a iniciativa del senador de la provincia La Altagracia y del Partido Revolucionario Moderno, Rafael Barón Duluc Rijo, cariñosamente Cholitin, se dispuso honrar a un eminente médico dominicano de la especialidad de la ginecología.

Considerando: Que el doctor José Altagracia Garrido Calderón es un prestigioso ginecólogo y profesor, quien nació en Higuey, provincia La Altagracia, en enero del 1943, estudios primarios y secundarios realizados en su ciudad natal, para más adelante trasladarse a la ciudad de Santo Domingo a estudiar; graduándose de doctor en medicina en octubre del 1967 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Que en el 1970 inició sus estudios de especialización en ginecología obstetricia en el Instituto Mexicano de Seguros Sociales, con el reconocimiento de la Universidad Autónoma de México; regresando en 1974 al país, ingresando a la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia como médico ayudante de gineco-obstetricia.

Que ha sido una figura permanente en los Congresos Médicos de su especialidad, ofreciendo además alrededor de 50 Conferencias en diversos foros, y publicado cerca de 40 trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales y ha sido asesor de múltiples tesis de grado en la UASD, por demás habiendo publicado varios libros. El doctor Garrido Calderón es miembro del Colegio Médico Dominicano, y recibió la distinción de Maestro de la Medicina Dominicana, de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, de la Sociedad Americana de Fertilidad y de la Sociedad Dominicana de Pediatría, de la que es miembro de honor.

Que fue fundador y primer presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, y fue el organizador del Segundo Congreso Latinoamericano de Medicina Perinatal en el 1989. Que en reconocimiento a su trayectoria, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia le nombró Maestro de la Gineco-obstetricia Dominicana, y la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia le declaró Maestro de la Ginecología y Obstetricia Latinoamericanas. Toda una vida de grandes aportes a su especialidad y a su país.

Considerando todo esto, y que es deber del Senado de la República exaltar a aquellos hombres y mujeres que han trascendido en la sociedad y que han transmitido valores, lo cual sirve de ejemplo y estímulo para las presentes y futuras generaciones; el Pleno Senatorial aprobó a unanimidad la Resolución que reconoce al doctor José Altagracia Garrido Calderón.

A iniciativa del maestro José Ferreira Capellán, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y aprobada a unanimidad por el Consejo de esta Facultad, fue conocida una resolución en la que se tributa un reconocimiento, merecidísimo reconocimiento, al licenciado Víctor Orlando Bisono Haza, Ito. La placa contentiva de éste reconocimiento le fue entregada a Ito Bisono en un emotivo, significativo y multitudinario acto celebrado recientemente en uno de los salones de la Torre Administrativa de la UASD.

En sus palabras de rigor, el rector magnífico de la Universidad, Maestro Editrudis Beltrán, manifestó: "La Universidad Autónoma de Santo Domingo agradece y honra a quienes con su impronta y sus aportes contribuyen a que elevemos el orgullo uasdiano"

Y siguió: "Para nosotros es un honor reconocer la valiosa y constante colaboración del apreciado amigo de esta academia, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Orlando Bisono Haza   (Ito Bisono), a quien distinguimos de forma especial en esta memorable tarde".

Resaltó que Ito en toda su trayectoria, tanto como diputado que fue durante 18 años, como en su actual función de ministro, ha impulsado reformas, leyes e iniciativas de gran impacto, orientadas a modernizar la infraestructura productiva y tecnológica del país.

De su lado, Ito, quien  también es un dirigente político con perspectivas hacia la presidencia de la República, se expresó así: "Asumo este reconocimiento con gratitud sincera y con la firme convicción de que todo lo que uno siembra con cariño, con coherencia y con sentido de país, siempre encuentra su camino de vuelta. Hoy, ese camino vuelve aquí, a la UASD".

Agregando, "A lo largo de toda mi trayectoria pública, antes de ser legislador, durante mis 18 años en la Cámara de Diputados y ahora como ministro, he asumido un compromiso continuo con esta casa de estudios. Ha sido un compromiso transversal a cada etapa de mi vida pública, porque creo firmemente en el valor transformador de la educación y en el papel insustituible que tiene la UASD en el desarrollo del país.

 Solo nos resta exhortarle a Ito que siga aportándole a Instituciones como la UASD, que siga aportándole al país, para que no solo sea reconocido por sus contemporáneos, sino que también sea enaltecido y reconocido por la posteridad.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, designó en agosto de 2024, al destacado dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, Tonty Rutinel Domínguez, como cónsul general del país en la ciudad de Bogotá, Colombia; esto a través del decreto 471-24. Desde entonces este funcionario viene desarrollando una ardua y encomiable labor en el servicio exterior. Tonty Rutinel Domínguez se ha revelado como un gran conocedor de los asuntos consulares y diplomáticos.

Y todo este sobresaliente desempeño de Tonty, está siendo muy bien valorado y reconocido por sus compatriotas residentes en Colombia, principalmente en la ciudad de Bogotá. Pero también lo valoran y reconocen los dominicanos que visitan a esta nación sudamericana, ya sea como turistas, o en asuntos de negocios, trabajo, estudios, o salud. Todos reconocen y aplauden su trabajo como cónsul.

Y todo este reconocimiento ha sido recogido en los últimos días en notas y crónicas publicadas en diferentes medios colombianos de alcance nacional e internacional, así como publicaciones en redes sociales, como Facebook e Instagram. Igualmente se han hecho eco medios de nuestro país, la República Dominicana, tanto impreso como digitales

Diáspora resalta trabajo de Consulado Dominicano en Bogotá, Colombia .  Dominicanos residentes desde hace varios años en este país sudamericano destacaron la labor diplomática del consúl dominicano Tonty Rutinel Domínguez. Los criollos que hicieron la afirmación coincidieron en señalar que el trabajo del funcionario se ha enfocado en aumentar el comercio y el intercambio cultural entre Colombia y República Dominicana. Además, que ha fortalecido los canales institucionales, aumentando la balanza comercial y encaminando a ambas naciones a obtener mayores beneficios económicos.

Aquí les dejo con un sugerente y emotivo mensaje que a traves de una de sus redes le envía una compatriota al señor cónsul:  Buenas tardes. Dios le Bendiga en sus labores Sr. Tonty Rutinel Dominguez un gusto saludarle!!

Le presentó la principal razón de mi viaje a RD, al nacimiento de mi Nieta Marie Salome Lozano Parada..ya está dentro de nosotros, salió todo bien Gloria al Señor tanto por mi niña cómo por mi hija...Agradecemos profundamente por su diligencia, apoyo, empatia y solidaridad en la aprobación de la Visa...

Nuestra gratitud para con usted deseándole que cada dia siga siendo instrumento de bendición para muchos.. Un abrazo los mejores éxitos en sus labores.

Que sea doblemente bendecido.

Por Guillermo Luis Nieto Molina, poeta y narrador

Barranquilla, Colombia

El amor y el poeta son dos historias tejidas por el tiempo que conforman un solo abrigo.

En el corazón de la poesía, el amor se erige como una catedral de palabras donde la carne se vuelve verbo y el silencio, música. Juan Colón Castillo, en su poema “La arquitectura del amor”, nos invita a habitar ese templo de la intimidad donde el cuerpo es piedra y el deseo, arquitecto.

Leer a Colón Castillo es navegar en un océano de poesía con marejadas filosóficas. Como diría Platón en El banquete:

“La existencia es un laberinto de preguntas, y el amor es el hilo que nos guía hacia la salida.”

En la poesía de Juan Colón Castillo uno descubre, palpa y siente el adjetivo que amigos, críticos y lectores aceptan de inmediato: Juan Colón Castillo es el poeta del amor.

Al leer el poema que motiva esta crítica, uno concluye, como afirmó Heráclito en Fragmentos:

“El tiempo es un río que fluye sin cesar, y el amor es la orilla que nos sostiene.”

Cada inspiración del poeta dominicano, nacido en Baoba del Piñal, municipio de Cabrera, República Dominicana, nos inunda de amor y reconfigura nuestras esencias creativas. Nos lleva a reflexionar y recordar las palabras de Nietzsche en Así habló Zarathustra:

“La vida es un viaje sin destino, y el amor es la sinfonía que lo armoniza.”

Equilibrio y arquitectura en la creación de Juan Colón

La poesía, como el amor, es un acto de construcción ontológica: un proceso de creación que nos permite habitar el mundo de manera más profunda y significativa. En este sentido, el poema de Colón se convierte en un espacio de encuentro, un lugar donde la palabra se hace carne y la carne, palabra.

La dimensión mística del amor

Vivir, amar y trascender son los tres pilares que sostienen la obra de este autor dominicano. Cada verso, cada símil, cada metáfora abre una puerta a lo mítico y a lo fantástico.

Surge entonces la pregunta: ¿cómo se hace carne la palabra?, ¿cómo se hace espíritu?

La respuesta es sencilla. Como recordaba Aristóteles:

“El amor es la forma en que el deseo se hace carne y la carne, deseo.”

El amor es llama, fuego, lumbre que ilumina las oscuridades de la existencia. Nos hace conquistar imposibles y superar tormentas. La pasión es la chispa que arde en el corazón del ser, y el amor, el combustible que mantiene el fuego vivo.

San Juan de la Cruz, en su Cántico espiritual, habló de la unión mística con Dios a través de la negación del cuerpo. Colón, sin embargo, nos muestra que el amor no es solo ascenso a lo divino, sino también encarnación de lo divino en lo humano:

“Desde su nombre un arco se inclina, una liturgia de sudor y fe se acuña en mis labios; mi corazón quiere ser cúpula.”

“Mi sangre, columna en espiral; tu cuerpo, centro de gravedad donde me elevo.”

Así, la arquitectura de la palabra se vuelve pincel, y Juan dibuja con versos un cuadro real e inolvidable.

La forma visible del espíritu

El amor es forma: la manera en que el espíritu se vuelve visible y el deseo tangible. El amor, en el catálogo creativo de Juan Colón Castillo, es una galaxia distinta dentro del mismo corazón que escribe y del corazón que lo lee.

Rilke, en sus Sonetos a Orfeo, nos habló de la forma visible del espíritu, de cómo la poesía hace visible lo invisible. Colón, en su poema, nos revela que el amor es precisamente esa forma visible del espíritu:

“Busco el punto de equilibrio donde el amor sostiene sus andamios;

Veo fragmentos rotos en danzas sincronizadas, deseos con sus poros abiertos,

La geometría de un temblor.”

La energía circular del eros

El amor es un ciclo de creación y destrucción que invita al ser humano a regresar a la fuente de la vida, a la inocencia del creer. La unión con el otro es la forma más alta de creatividad y fortaleza para enfrentar las dificultades. El amor todo lo puede.

Es una muralla fraguada de sueños y de ilusiones inamovibles; una fuente perpetua de dulzura y de vida, la miel deliciosa que da el amor.

Octavio Paz, en Piedra de Sol, habló de la energía circular del eros, del modo en que el amor es ciclo, ritmo, respiración. Colón, en su poema, muestra que el amor es también una estructura en tensión, un equilibrio entre forma y vibración:

“Iba camino adentro de mi sangre; ladrillos, fuego, agua y viento edificaron el silencio donde se aloja nuestro amor.”

El poeta nos invita a habitar el templo de la intimidad, a construir un espacio de encuentro con el otro y con nosotros mismos. En su poesía, el yo que ama y el yo amado se funden, creando una simbiosis creadora, un océano profundo con sus montañas y desiertos.

Este poema nos enseña que el amor crece sobre la solidez del alma. Sus columnas son invisibles, pero en cada palpitar el maestro Juan Colón Castillo proyecta los ángulos perfectos de la existencia.

Haciendo honor a su apellido, el amor es un castillo donde nuestros sentimientos nos coronan reyes de la vida cuando amamos intensamente y somos correspondidos.

¡Vivamos el amor! Seamos reyes en el castillo de la existencia.

La seguridad social es un derecho humano fundamental; constituye uno de los pilares del bienestar colectivo. En República Dominicana, su evolución ha sido notoria y significativa en los últimos decenios, pasando de ser un sistema limitado y excluyente a uno más estructurado e inclusivo. No obstante, persisten desafíos considerables en materia de cobertura, eficiencia y sostenibilidad. 

En el discurrir del siglo XIX, el canciller alemán Otto Von Bismark implementó un sistema de seguros sociales, cuyas ideas se expandieron a otros países. En nuestra nación, la génesis de la seguridad social se remonta, primero a la Ley 79 del 16 de mayo del año 1846, es decir a 2 años de la creación de la República, mediante la cual, se asignó pensiones a soldados que quedaron inválidos por las confrontaciones bélicas de la gesta independentista; luego, este interés se reforzó con otras normativas, hasta originarse la Caja Dominicana de Seguros Sociales, transformada luego en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), mediante la Ley No. 1376 del 1947, sustituida por la Ley No. 1896 del 30 de diciembre del 1948.

Este fue un modelo tradicional de seguro social, que otorgaba pensiones de vejez, invalidez, sobrevivencia y atención médica, inicialmente solo para trabajadores del sector formal y urbano. Era un sistema muy limitado en financiamiento y calidad de servicios, que no logró adaptarse a los cambios económicos y demográficos del país. El IDSS, funcionó con una cobertura muy restringida, centrada en los asalariados del sector privado formal y algunos empleados públicos. El resto de la población compuesta por trabajadores informales, campesinos, desempleados y pequeños emprendedores quedó excluido. A esto se sumaban debilidades administrativas y clientelismo.

La Ley No. 379-81 del 11 de diciembre del 1981, creó el régimen de jubilaciones y pensiones del Estado dominicano para funcionarios y empleados públicos, el cual es un sistema de reparto sustentado en un fondo común, formado con aportes menores de los servidores públicos (2.87% de su salario cotizable) y aportes mayores (7.10% respecto de dicho salario) a cargo del empleador, o sea, el Estado. Al tratarse de un fondo común, aunque la cotización acumulada por el empleado sea muy exigua, eso no impide que logre una buena pensión si las circunstancias lo favorecen, ya que el cálculo se hace sobre el promedio salarial de sus últimos 36 meses de labor. Esto aplicará en un rango de 60, 70 u 80 por ciento del sueldo, según que haya laborado 20, 25, o 30 años en el sector público, habiendo iniciado antes del primero de junio del 2003 y teniendo cumplidos 60 años de edad.

Pero, si comenzó con posterioridad a la preindicada fecha, tendrá que acogerse al sistema de capitalización individual administrado por su AFP, cuyo mínimo requerido de trabajo es 360 meses o cotizaciones (30 años), es decir,  que esas primeras pensiones serán a partir del 2033; y se efectuarán en una de 2 modalidades: A) el afiliado elige la renta vitalicia, consistente en que una aseguradora asume el pago mensual de su pensión hasta su fallecimiento; o’ B) el afiliado decide un retiro programado, manteniendo la propiedad de sus fondos.

La promulgación de la Ley No. 87-01 del 9 de mayo del 2001, puesta en vigor a partir del primero de junio del 2003, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), impulsada por un consenso político y social inusual en la historia reciente del país, marcó un punto de inflexión, estableciendo un marco integral moderno de protección social, basado en principios de universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia, participación y sostenibilidad financiera.

Con esta importante innovación surgieron tres grandes regímenes:

1. Régimen Contributivo: Para trabajadores formales del sector privado y servidores públicos, financiado con aportes del empleador, del trabajador y del Estado.

2. Régimen Subsidiado: Para personas en condición de pobreza o vulnerabilidad social, financiado completamente por el Estado.

3. Régimen Contributivo Subsidiado: Dirigido a trabajadores por cuenta propia de bajos ingresos, con un esquema mixto de financiamiento.

Este nuevo sistema incluyó tres seguros fundamentales para la protección de las personas:

1-    Seguro de Vejez, de Discapacidad y de Sobrevivencia.

2-    Seguro Familiar de Salud, para la cobertura de servicios de salud.

3- Seguro de Riesgos Laborales, para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La creación de instituciones como el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), ha propiciado una mejor rectoría, supervisión, control, orientación y eficiencia en la gestión del sistema.

Avances y logros

Desde la entrada en vigencia de la Ley 87-01, la seguridad social en nuestro país ha experimentado avances significativos en los siguientes aspectos:

a) Expansión de la cobertura

Uno de los logros más notables ha sido la expansión de la cobertura de salud, que incluye tanto al régimen contributivo como al subsidiado, lo que representa un avance importante en términos de universalización de la protección a la salud.

En cuanto al sistema de pensiones, debemos reconocer que la cantidad de afiliados al sistema de capitalización individual (SCI) manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), continúa increcendo, lo cual hace vislumbrar un avance más firme y sostenido en comparación con el pasado.

b) Fortalecimiento institucional

Las instituciones que forman parte del SDSS han mejorado en términos de transparencia, rendición de cuentas y gestión técnica. La TSS ha sido una herramienta clave para la centralización de los aportes y su distribución, permitiendo mayor control del flujo de recursos. El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) desempeña una función  importante, en tanto que aporta protección a los colaboradores respecto de accidentes de trabajo y enfermedades derivados de su labor. Asimismo, el CNSS, la SIPEN y la SISALRIL han desarrollado marcos regulatorios más sólidos y mecanismos de supervisión más eficaces, robusteciendo su operatividad a través de Resoluciones y otras normativas complementarias. El Ministerio de Administración Pública (MAP) también ha mostrado su disposición a colaborar. Y, la voluntad política del presidente de la República, ha sido vital para todo el avance que se ha logrado.

Particularmente, me permito resaltar, la labor desplegada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), la cual ha sido verdaderamente loable en los aspectos que le conciernen, con un accionar proactivo y una gerencia de alto perfil, enfocada a optimizar los resultados en favor de los usuarios.

c) Mejora en el acceso a servicios

Gracias al Seguro Familiar de Salud, un gran número de dominicanos ha accedido por primera vez a servicios médicos básicos, tratamientos, consultas y medicamentos. Esto ha reducido la carga financiera directa sobre las familias más pobres y ha contribuido a una mejora relativa en indicadores de salud como la mortalidad infantil y la atención materna.

Desafíos persistentes

A pesar de estos avances, nuestro sistema de seguridad social enfrenta importantes desafíos estructurales que limitan su efectividad y sostenibilidad en el tiempo. Veamos:

a) Baja cobertura de pensiones reales

Aunque hay millones de afiliados al sistema de pensiones, la mayoría no cumple con las condiciones necesarias para recibir una pensión digna al momento del retiro. Esto se debe a la alta informalidad laboral, la baja densidad de cotizaciones y los insuficientes salarios mínimos sobre los cuales se cotiza. Se estima que solo una minoría accederá a una pensión que supere el umbral de pobreza.

Además, existen preocupaciones sobre la sostenibilidad del modelo de capitalización individual, debido a su dependencia del rendimiento financiero de los fondos, y a la escasa cultura de ahorro previsional.

b) Alta informalidad laboral

Más del 55% de la fuerza laboral dominicana opera en el ámbito de la informalidad, lo que limita la base contributiva del sistema. Los trabajadores informales no cotizan ni al sistema de pensiones ni al seguro de salud contributivo, lo que agrava las desigualdades y reduce los ingresos al sistema.

c) Inequidades en los servicios de salud

Aunque el acceso a servicios de salud ha mejorado, persisten profundas inequidades. El sistema está segmentado, con marcadas diferencias de calidad entre los afiliados al régimen contributivo y al subsidiado. Asimismo, existen problemas de cobertura efectiva, escasez de medicamentos en hospitales públicos, y brechas en zonas rurales y empobrecidas. Por lo sensible del rubro, se requiere una supervisión administrativa más precisa y permanente para garantizar una transparencia activa que promueva y propicie la gobernanza anticipatoria en todo el sector salud.

d) Problemas de gobernanza y conflictos de intereses

El SDSS ha sido criticado por la excesiva influencia de actores económicos privados en su gobernanza, en especial en el sector de las AFP y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Existen reclamos sociales en contra de la exorbitante rentabilidad de estos intermediarios financieros, y dudas, ante el posible uso inadecuado de recursos de los cotizantes.

Propuestas y perspectivas de reforma

En virtud de los desafíos señalados, diversos sectores de la sociedad civil, el ámbito académico, organismos internacionales y el propio gobierno han planteado reformas necesarias para fortalecer la seguridad social dominicana en diversas índoles, como son:

a) Reforma integral del sistema de pensiones

Es urgente revisar el modelo de capitalización individual. Algunas propuestas incluyen y/o pueden incluir:

Crear un pilar solidario no contributivo, financiado por el Estado, para garantizar una pensión mínima universal a todos los adultos mayores.

Establecer un pilar mixto, que combine aportes individuales con un fondo común de reparto solidario.

Revisar las comisiones cobradas por las AFP.

Crear incentivos para aumentar la densidad de cotización, como premios por permanencia en el sistema o aportes adicionales del Estado a trabajadores de bajos ingresos.

b) Inclusión de los trabajadores informales

Se requiere de políticas públicas que incentiven la formalización de la economía y que faciliten la incorporación al sistema de trabajadores por cuenta propia, microempresarios y emprendedores. Esto implica:

 Reducir la carga tributaria para pequeños contribuyentes.

 Promover la educación financiera y previsional.

 Ofrecer esquemas flexibles de cotización y beneficios proporcionales.

c) Mejoría de la equidad en salud

Es necesario eliminar la segmentación entre regímenes, garantizar la equidad en la atención, fortalecer la red pública de servicios, y combatir las prácticas inadecuadas o inapropiadas de algunas ARS.

La transformación del sistema de salud debe incluir la consolidación de un primer nivel de atención eficiente, la mejora de la calidad hospitalaria, el acceso universal a medicamentos esenciales, y una mayor inversión pública en salud.

d) Fortalecer la gobernanza del sistema

El CNSS debe ser reformado para garantizar una mayor independencia, eficiencia y representatividad. Se requiere mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. 

La carencia de información es algo muy desfavorable para la población. Sobre esto, debemos decir, que en cuanto al aspecto de las pensiones, se ha llevado a cabo un esfuerzo encomiable, de parte de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, al presentar decenas de paneles y charlas en instituciones del Estado, haciendo un oportuno aporte cognoscitivo sobre el sistema previsional, divulgando  sus procedimientos, beneficios, etc., ante cientos de colaboradores gubernamentales, quienes se han manifestado sumamente agradecidos; esos procesos se han desarrollado en franca armonía, desde perspectivas axiológicas y dentro de un ambiente colaborativo, propiciando la confianza necesaria entre docentes y discentes, para dilucidar apropiadamente los asuntos más relevantes y de interés general.

Esta jornada pedagógica institucional, se enmarca en un atinado plan de capacitación que ha resultado en convertirse en una actividad de principalía en la institución; y que, además, ha incidido en elevar exponencialmente su imagen, en el transcurso de los intercambios en que se aclaran las dudas e inquietudes surgidas sobre los ejes temáticos abordados con los participantes en cada auditorio. Parte de esos detalles, han llegado a miles de personas a través de plataformas convencionales y transmedias de comunicación. Con ello, el gobierno envía el mensaje de que tiene un gran interés en empoderar a la ciudadanía, en especial, sobre las pensiones para los trabajadores y personas vulnerables; y respecto de la seguridad social en sentido general.

Debemos aclarar, que además del fondo general del sistema de reparto y de las cuentas de capitalización individual (CCI) que manejan las AFP, existen fondos individuales particulares de sectores que se han organizado para asegurarse y agenciarse sus propias pensiones; tales son los casos de los maestros (INABIMA), los jueces, profesores de la UASD,  miembros de la Policía Nacional (COREPOL), congresistas (INPRESCONDO), servidores de las Fuerzas Armadas y del Banco Central, entre otros; lo que permite, que una persona que en su discurrir laboral haya prestado sus servicios a diferentes instituciones y cumpla los requisitos esquemáticos correspondientes pueda lograr varias pensiones a la vez; además de otras modalidades que también pueden coexistir. Y como decimos en las charlas: “al que Dios se la dio, San Pedro se la bendiga”.

Conclusión:

La seguridad social en la República Dominicana, ha recorrido un camino importante en los últimos tiempos, logrando avances relevantes en la expansión de la cobertura, en la creación de entidades e instrumentos necesarios, y en la institucionalización de sus mecanismos. No obstante, enfrenta serios retos estructurales relacionados con la informalidad laboral, la desigualdad, la baja calidad de las pensiones, y la falta de equidad en salud.

La construcción de un sistema de seguridad social universal, sostenible y de calidad requiere voluntad política, compromiso institucional y una activa participación de todos los sectores sociales. Es necesario seguir trabajando para garantizar que ningún dominicano quede excluido del derecho fundamental a la seguridad social, como base de una sociedad más equitativa, solidaria y desarrollada. Ese debe ser uno de los puntos nodales a tomar en cuenta por los legisladores, en el proyecto de modernización de la Seguridad social que cursa en el Congreso, y que nos consta, la entrega y el entusiasmo con que se discute actualmente en una comisión bicameral.

El gobierno actual, ha concentrado mucho apoyo a la seguridad social y ha mostrado una gran voluntad política para mejorar. Todos hemos palpado el gran apoyo gubernamental a la gente a través de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones; verbigracia: el aumento, mediante decreto presidencial, a un mínimo de diez mil pesos para las pensiones civiles y del seguro social, que a veces eran sumamente irrisorias; la eliminación, mediante la Resolución 572-07 del CNSS, de la traba que implicaba no poder transferir los fondos de una CCI al sistema de reparto para poder optar por una pensión estatal de por vida, si no se tenía 45 años cumplidos al 1 de junio del 2003; la atención al usuario con calidad humana, eficiencia y justo a tiempo; la entrega de seguro médico a los pensionados; el aumento del número de pensiones especiales sectoriales,  principalmente de profesionales de la tercera edad, y de las solidarias para proteger a personas vulnerables; la apertura de nuevas oficinas, incluso hasta fuera del país (New york, Madrid), para que los dominicanos de la diáspora también puedan gestionar sus pensiones; el interés del gobierno de que se trabaje en el marco legal de la seguridad social, procurando lograr una reforma integral más sostenible y más justa; así como su disposición a escuchar con mucha atención las opiniones y sugerencias de la población.

Posdata: El autor, José Santos, cursó Doctorado en Humanidades, con exitosa sustentación de la tesina doctoral y con  Diploma de Estudios Avanzados (DEA)- intermedio entre Maestría y PhD- en la Universidad de Sevilla; abogado, académico, amante de la literatura y la intelectualidad; fue presidente de la Asociación de Abogados y de la Unión de abogados por la Moralidad Jurídica de Santiago; secretario general de la Asociación Latinoamericana de Ciudades en Desarrollo, con sede en Guadalajara; es logógrafo (redactor de discursos); asesor de campañas y de gobernanza  (849-244-3888; santosabogado@hotmail.com).

Luis Abinader impuso su voto para desvincular a tres magistrados de la Suprema Corte de Justicia. La decisión, aunque no violó la ley, marca un hito político y jurídico en la historia del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Es un acontecimiento que reaviva el eterno debate sobre la independencia judicial en la República Dominicana.

El CNM fue creado tras la crisis política de 1994, como fruto de una reforma constitucional que buscaba sacar al Senado de la designación de los jueces. Aquella reforma nació con la intención de blindar la justicia frente al poder político. Pero tres décadas después, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿valió la pena el cambio?

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) había advertido recientemente que se respetara la carrera judicial y la estabilidad de los magistrados. No se trataba solo de un reclamo técnico, sino de un recordatorio ético: la justicia no puede depender de los intereses de un presidente, ni de los vientos políticos del momento.

El Consejo, presidido por Luis Abinader, entendió sin embargo que debía actuar. Y lo hizo. Formalmente, no hubo ilegalidad. Pero el simbolismo es innegable: por primera vez desde su creación, un mandatario impone tan visiblemente su criterio en la composición de la Suprema Corte de Justicia, reafirmando que la independencia del Poder Judicial sigue siendo más un ideal que una realidad.

La historia reciente demuestra que ningún gobierno ha sido completamente ajeno a esta tentación. Durante el mandato de Leonel Fernández, la Suprema Corte de Justicia estuvo presidida por Mariano Germán, un jurista cercano al poder político de entonces. En la era de Danilo Medina, el liderazgo recayó en Luis Henry Molina Peña, también considerado una figura vinculada al oficialismo. Y más atrás, en los tiempos de Joaquín Balaguer, Jorge Subero Isa fue visto con simpatía por el propio líder reformista.

La tendencia es clara: cada presidente ha buscado tener una Suprema Corte que interprete la ley con un matiz compatible con su visión de Estado. Luis Abinader, al imponer su voto, no rompe la tradición, sino que la actualiza en el contexto de un país que clama por institucionalidad.

El mandatario, que pasará a la historia como el defensor de la “cláusula pétrea” —esa parte intocable de la Constitución que juró no modificar—, parece decidido a dejar también su huella en el sistema judicial. Algunos lo ven como un acto de liderazgo; otros, como un paso hacia la concentración del poder.

El expresidente Danilo Medina, en su época de esplendor, decía con emoción que deseaba un Congreso que respaldara sus iniciativas. Lo consiguió. Hoy, Abinader parece buscar algo similar con el Consejo Nacional de la Magistratura: no una confrontación, sino una estructura que respalde su proyecto político desde la institucionalidad.

La oposición, por su parte, no tiene autoridad moral para reclamar. En sus años de poder también se repartió las altas cortes, incluyendo la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral. Lo que hoy se condena fue, en su momento, parte de su propio método de control.

El CNM, que nació para equilibrar poderes, se ha convertido nuevamente en un escenario de tensiones políticas. Cada decisión que toma refleja hasta qué punto la independencia judicial continúa siendo un desafío pendiente.

Luis Abinader ha querido demostrar firmeza. Pero su decisión abre un debate profundo sobre el límite entre la autoridad presidencial y la autonomía de la justicia. Quizás el tiempo determine si este paso fortalecerá el Estado de derecho o si será recordado como un episodio más en la larga historia del control político sobre los tribunales.

Lo cierto es que la historia acaba de registrar otro capítulo: el día en que el presidente Luis Abinader impuso su voto y reconfiguró el poder dentro del Consejo Nacional de la Magistratura.

Nuestro país vive uno de los momentos más críticos de su historia republicana.

No estamos ante una simple crisis política, sino ante una descomposición moral, institucional y económica que amenaza con romper definitivamente el tejido nacional.

La partidocracia, durante décadas, ha secuestrado al Estado y lo ha convertido en un instrumento de intereses particulares. Hoy, el pueblo dominicano paga el precio de ese secuestro con una deuda externa asfixiante que consume cerca del 30 % del ingreso tributario solo en intereses, mientras los hospitales se caen, los agricultores quiebran, la inseguridad azota, los servicios esenciales colapsan y los corruptos se esparcen como mala hierba.

Este lunes en La Semanal, el propio presidente Luis Abinader intentó minimizar la magnitud del endeudamiento nacional, asegurando que su gobierno “es el único que ha logrado disminuir la deuda en términos del PIB”. Una afirmación que suena bien, hasta que se mira con la lupa del sentido común. Porque el truco está precisamente ahí: en maquillar las cifras comparando la deuda con el PIB, un indicador que crece en parte por inflación, por ajustes estadísticos o por el mismo endeudamiento, mientras la realidad económica del pueblo se derrumba.

Lo que el presidente no dijo —ni ningún partido de esta partidocracia se atreve a admitir— es que casi un tercio de todos los ingresos del Estado se destinan ya al pago de intereses financieros. Eso significa que por cada peso que el pueblo paga en impuestos, treinta centavos se van a los bolsillos de los acreedores internacionales.

¿Puede un país considerarse libre cuando trabaja solo para pagar intereses? ¿Puede hablarse de progreso cuando se hipoteca el futuro de los hijos por la incompetencia de sus dirigentes? Algunos fideicomisos, como RD Vial, destinan más del 50 % de sus ingresos solo al pago de intereses. Esa es la verdadera medida del secuestro financiero del Estado.

No se trata de un problema técnico: es una cuestión moral y de soberanía nacional. Mientras los funcionarios discuten porcentajes, el pueblo paga la factura con hospitales sin medicinas, escuelas sin maestros motivados y jóvenes sin esperanza.

A esa deuda económica se suma una deuda social insoportable: dos generaciones de jóvenes “ni-ni” que ni estudian ni trabajan, víctimas de programas perversos como “pagar para no matar”, perdidos en los vicios, la desesperanza, la falta de oportunidades y la ausencia total de referentes éticos.

A su alrededor, una inseguridad jurídica y ciudadana angustiante, que deja a cada dominicano sin amparo ni protección de su propio Estado.

Y como si todo esto fuera poco, sufrimos una invasión pacífica y agobiante en nuestras fronteras, tolerada por quienes deberían defender la soberanía nacional. Ese silencio cómplice equivale a una rendición moral. Han renunciado a defender la patria.

Pero el pueblo dominicano no ha renunciado.

Porque la patria no pertenece a los partidos ni a las élites, sino a quienes la aman y la trabajan cada día con dignidad.

Y es aquí donde debemos hacer una pausa de conciencia.

De toda crisis surge también una oportunidad de renacer, si el pueblo asume su destino con valor, con fe y con conciencia cívica. Cada nación que ha caído en la oscuridad ha tenido un momento en que hombres y mujeres decidieron ponerse de pie. Ese momento ha llegado para la República Dominicana.

Por eso, desde el Frente Cívico y Social, afirmamos con claridad y firmeza: esta nación necesita ser redundada.

Redundada sobre la base de su Constitución, de sus valores fundacionales y de la verdad moral que un día nos hizo libres.

Refundar la nación significa reconstruir su justicia, salvar su soberanía, devolverle sentido a la educación y reconectar al ciudadano con su deber cívico.

Esa refundación no saldrá de los salones del poder.

Nacerá en las calles, en los campos, en los hogares donde aún late el amor por la patria.

Nacerá de los núcleos cívicos, de los dominicanos honestos que decidan levantarse y organizarse pacíficamente para defender la Constitución y salvar la República.

La historia nos está mirando.

El tiempo de la indiferencia se acabó.

Cada ciudadano debe decidir si será cómplice del derrumbe o protagonista del renacer nacional.

Refundar la nación no es una opción: es un deber histórico.

Porque la patria vive mientras haya dominicanos dispuestos a defenderla.

Y esa refundación… ya comienza.

El Frente Cívico y Social nació para refundar la patria bajo los principios y valores que le dieron origen.

¡Despierta, RD!

“Más cerca de ti". Suena a eslogan de campaña electoral. Pero así pudiera decirle el doctor Agustín Burgos a más de 350 mil trabajadores que serán impactados, beneficiados con la apertura de una nueva oficina de servicios del Instituto Dominicano de prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPRIL) en el municipio Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo. Esta nueva oficina del IDOPRIL quedó abierta para los asegurados desde este pasado 12 de agosto, en Plaza Ozama, específicamente en la avenida Sabana Larga, esquina José Cabrera, en el  Ensanche Ozama.

El director Ejecutivo del IDOPRIL, doctor Agustín Burgos, al dejar inaugurada esta nueva oficina de servicios de la institución en Santo Domingo Este, resaltó lo muy beneficiosa que será para la clase trabajadora de este súper poblado municipio. El funcionario dijo que el nuevo espacio para atender a los afectados de accidentes laborales, se suma a una amplia red de prestadores de servicios de salud que están distribuidos a nivel nacional y brindan cobertura sanitaria al cien  por ciento para todos los requerimientos de los asegurados.

En este sentido anunció que el IDOPRIL seguirá en lo inmediato con la instalación de este tipo de oficinas o de sucursales en todo el territorio nacional, teniendo que ya se aperturó otra en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez y que en las próximas semanas se estará haciendo en Verón y en el mismo Higuey; en Romana, Hato Mayor, Bani y todo el  Gran Santo Domingo.

Algo por lo que el doctor Agustín Burgos merece redoblados aplausos, es cuando nos revela que su visión al llegar a la institución, visión la cual ha impregnado a su equipo de trabajo, está dirigida y enfocada en un eje central, la prevención. Es algo reconocido y admitido universalmente, que en todos los aspectos de la vida, la prevención es punto clave. De ahí que se diga: "Es mejor prevenir, que tener que remediar”

En esta actividad inaugural tuvieron participación activa personalidades como el ministro de Trabajo, doctor Eddy Olivares, quien tuvo a su cargo las palabras de cierre del evento; igualmente participaron el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Dío Astacio, y varios diputados y diputadas, entre ellos los voceros del PRM y Fuerza del Pueblo, Amado Díaz y Rafael Castillo respectivamente.

La recién promulgada Ley 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas representa un cambio histórico para los jóvenes emprendedores y pequeños negocios de la República Dominicana. Esta norma actualiza el sistema de compras del Estado y lo vuelve más inclusivo, transparente y accesible, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Con más de 10 años observando reformas institucionales, puedo afirmar que esta ley coloca, por primera vez, al emprendedor dominicano como protagonista del desarrollo económico local.

Más oportunidades para los pequeños negocios

Uno de los principales avances de esta legislación es que establece que el 30 % del presupuesto de compras públicas debe destinarse a las MIPYMES. Esto significa que si tu emprendimiento está formalizado, puede competir por contratos en igualdad de condiciones, sin importar su tamaño o trayectoria.

Además, las instituciones estatales podrán entregar anticipos del 30 % del monto contratado, una medida que ayuda a los proveedores a cubrir gastos iniciales sin recurrir a préstamos costosos.

¿Y qué es el factoring?

Una de las novedades más relevantes es la inclusión del factoring por cesión de crédito. Esto permite a las MIPYMES adjudicatarias “adelantar” el cobro de una factura estatal con apoyo de una entidad financiera, lo que mejora su liquidez sin comprometer su crecimiento. Para muchos emprendedores con poco capital de arranque, esta herramienta puede marcar la diferencia entre poder cumplir o quedarse fuera del proceso.

Más transparencia y menos trabas

La Ley 47-25 refuerza el uso obligatorio de plataformas digitales y crea una Tienda Virtual del Estado, donde los productos y servicios ofrecidos por las MIPYMES estarán visibles para procesos de compra directa. Esta medida reduce la burocracia, evita la discrecionalidad y facilita la participación de nuevos proveedores.

Además, la ley promueve el desarrollo local, la producción nacional, y la inclusión de jóvenes, mujeres y sectores tradicionalmente excluidos. Todo bajo un marco de principios renovados: ahora son 21 los pilares éticos y operativos que rigen las compras públicas, duplicando los que existían en la normativa anterior.

¿Cómo puedes participar como joven emprendedor?

El primer paso para acceder a estas oportunidades es la formalización de tu negocio. Esto implica cumplir con los siguientes pasos:

1.  Registrar el nombre comercial en ONAPI.

2.  Constituir legalmente tu empresa (como EIRL o SRL) en la Cámara de Comercio.

3.  Obtener el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) en la DGII.

4.  Afiliarte como empleador en la TSS (si tienes empleados).

5.  Registrarte como proveedor del Estado.

Para simplificar este proceso, el gobierno ha habilitado el portal www.formalizate.gob.do, donde se pueden realizar la mayoría de estos trámites en línea, sin necesidad de intermediarios.

Una verdadera puerta al crecimiento

Venderle al Estado ya no es un privilegio de grandes empresas. La Ley 47-25 crea un nuevo escenario donde los jóvenes con visión, disciplina y formalidad pueden escalar sus negocios y aportar al desarrollo del país. Si tienes un emprendimiento, esta puede ser la oportunidad que estabas esperando.

Sobre el autor: Randy Santana es abogado, comunicador y experto en políticas públicas. Ha acompañado procesos institucionales en el sector público y privado, y trabaja impulsando la participación de jóvenes en espacios de desarrollo económico y social.