Dakar, Senegal — Con la participación de delegaciones de 17 países de África, América Latina y Europa, se llevó a cabo el seminario internacional «Uniendo fuerzas: Combatir la corrupción con perspectiva de derechos humanos», celebrada los días 10 y 11 de octubre de 2026 en el Hotel King Fahd Palace.
El evento internacional se llevó a cabo gracias a la invitación oficial extendida por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), consolidando un espacio estratégico para conectar las luchas locales con los estándares globales de justicia.
En representación del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), participó la Licda. Ángela Pérez Valenzuela, quien expuso la experiencia institucional en la defensa de los derechos humanos, los territorios y las comunidades frente a los impactos socioambientales y las estructuras de poder.
Durante su intervención, la Licda. Angela Pérez Valenzuela compartió casos emblemáticos que ilustran los desafíos jurídicos actuales en la República Dominicana:
Abordaje Integral del Caso Odebrecht (Corrupción y Crisis Climática): Se detalló la doble dimensión de este emblemático caso que vincula la corrupción transnacional con graves daños ambientales y contaminación. En el ámbito nacional, INSAPROMA ha interpuesto dos querellas formales y logrado que el juez de instrucción ordene al Ministerio Público emitir un acto conclusivo ante la prolongada inacción estatal. Con el respaldo de informes técnicos y financieros que evidencian sobrevaluaciones por más de 1,000 millones de dólares y defectos estructurales sustanciales, el caso también ha escalado a instancias internacionales de la mano de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). Junto a una comisión encabezada por el Licdo. Euren Cuevas y la FIDH, se han presentado denuncias ante el Parlamento Europeo en Bruselas, ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en Suiza —por el impacto de la contaminación en la infancia—, así como una audiencia temática regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Caso Barrick y las comunidades de Cotuí: Se abordó el acompañamiento legal ante los graves impactos de la explotación minera y la construcción de una nueva presa de colas. En este contexto, se denunciaron sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los comunitarios, tales como desalojos forzosos y agresiones físicas —incluyendo golpes y heridas— perpetradas por agentes de la Policía Nacional y miembros de los cuerpos castrenses para obligarlos a abandonar sus hogares y dar paso a la infraestructura de la minera Barrick Gold. Ante esta situación de vulneración, se destacó el uso legal del amparo preventivo interpuesto ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y el posterior recurso de revisión pendiente de decisión ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, se resaltó la dimensión internacional del conflicto, vinculada a procesos jurídicos impulsados en Inglaterra en favor de las víctimas y en defensa de la protección del río Naranjo.
Defensa del Cinturón Verde de Santo Domingo: Se expuso la labor de resistencia jurídica junto a los vecinos frente a la autorización de proyectos de viviendas multifamiliares en áreas vulnerables y protegidas, subrayando la importancia de la participación comunitaria y el control judicial del territorio.
Vínculo con la Protección de la Vida y los Derechos Civiles: INSAPROMA integró en el debate regional la urgente problemática de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en intervenciones policiales en la República Dominicana —con un registro de aproximadamente 205 muertes en 2026, afectando en un 98% a jóvenes de entre 18 y 35 años—, respaldando la denuncia presentada el pasado 2 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la CNDH-RD y cuestionando la narrativa oficial de los denominados «intercambios de disparos»
El encuentro reunió a representantes de Níger, Ruanda, Madagascar, Guatemala, República Dominicana, Ghana, Congo Brazzaville, Pakistán, Camerún, República Democrática del Congo, Colombia, Guinea, Senegal, Venezuela, Gambia, Nigeria y Túnez, quienes compartieron las realidades críticas de sus territorios. A través de este diálogo internacional, cada delegación expuso las problemáticas particulares que aquejan a sus regiones, evidenciando cómo el saqueo de recursos, el debilitamiento institucional y la impunidad vulneran de manera directa a las comunidades más vulnerables, consolidando así un espacio fundamental sobre la necesidad de integrar la lucha contra la corrupción con la salvaguarda de los derechos fundamentales y la justicia ambiental.
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